El conflicto del Ayuntamiento de Gijón con el Ministerio aboca a una subida de precios en el autobús en julio

Este miércoles finaliza el plazo que el Ministerio de Transportes dio a las administraciones para que pudieran optar a un nuevo paquete de ayudas directas al transporte público que cubra el segundo semestre del año. Hasta este 30 de abril hay tiempo, pero lo que no hay es previsión de cambios en los requisitos para la concesión. Y sin esos cambios el Ayuntamiento de Gijón, y más en concreto su edil de Tráfico y presidente de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa), no está dispuesto a firmar la declaración responsable que acompaña a la solicitud y que le compromete a tener este 2025 implantada y con el "régimen sancionador activo" una zona de bajas emisiones. En el caso de Gijón, la ZBE de La Calzada.

La Calzada ya tiene el proyecto técnico definitivo de la zona de bajas emisiones

Ante este panorama, los usuarios de Emtusa tienen que prepararse para perder a partir del uno de julio esa rebaja del 50% que ahora les permite viajar con tarjeta por 38 céntimos (menos para menores de 26 y mayores de 65). Una cosa está clara: la subida está garantizada. Toca ver de cuanto será. Si no hay ayuda estatal porque Gijón no la pide el viaje pasaría a los 0,75 euros, que es el precio oficial aprobado en su día por el consejo de administración de Emtusa. Y si hubiera ayuda estatal, teniendo en cuenta que ahora la rebaja que se plantea es del 40%, el precio del viaje bonificado estaría en 0,45 euros.

Efectos del "chantaje"

La novedad incorporada en la convocatoria del pasado marzo de vincular la existencia de una ZBE activa a la concesión de las ayudas al transporte fue recibida por el gobierno municipal de Gijón como un "chantaje" del Ministerio a los municipios para obligarles a desarrollar esos ámbitos de restricción del tráfico por motivos medioambientales.

"Espero que el Gobierno de España tenga muy atados los efectos de este chantaje ya que aparte de los municipios que explícitamente hemos dicho que no vamos a participar en él, hay otros municipios, principalmente gobernados por el PSOE, que por partidismo no pueden levantar la voz y muy probablemente no van a cumplir estos requisitos, lo que les hará devolver las ayudas y asumir la rebaja del billete con fondos propios. Dentro de un año haremos balance", explica el edil gijonés.

El gobierno de Gijón fue de los primeros en alzar la voz. Tanto, que el Pleno aprobó una iniciativa impulsada por Foro para solicitar del Ministerio que eliminara ese requisito de forma general o que, por lo menos, tuviera en cuenta la excepcionalidad gijonesa. Recordando al Ministerio que La Calzada lleva décadas esperando por una alternativa al paso de camiones hacia el puerto por la avenida Príncipe de Asturias y sufriendo las consecuencias de fiascos como el del vial de Jove soterrado bajo la responsabilidad del propio Ministerio. No ha habido respuesta.

En base a los fondos europeos –pedidos y conseguidos por el anterior gobierno de PSOE e IU– ya están instaladas en las calles de La Calzada las cámaras y sensores que controlen el tráfico y en la Junta de Gobierno del martes se dará el visto bueno al proyecto técnico definitivo de implantación. ¿Problemas para cumplir con lo que pide el Ministerio, entonces? Que para poder activar la ZBE aún queda tramitar la ordenanza y que, en esa ordenanza, y el gobierno no está dispuesto a ceder en base a un acuerdo político previo con los vecinos, se fija que no habrá multas como mínimo hasta 2028, esperando que entonces haya una alternativa para el tráfico pesado que pasa por La Calzada.

La alternativa de la CTA

Lo que no había pensado el gobierno local era en el efecto rebote sobre Emtusa de su estrategia en la zona de bajas emisiones. Así que, visto lo visto, los viajeros de los autobuses municipales tendrán que rascarse un poco más el bolsillo. El Ayuntamiento ya ha dejado claro –y así lo demostró el pasado enero durante los días en que la fallida votación en el Congreso del denominado decreto omnibús paralizó esas ayudas– que no va a asumir en solitario la rebaja que se pierde. Ni total, ni parcialmente. Recuerdan que el Ayuntamiento ya subvenciona a Emtusa con 16,5 millones. Un dinero que da para bonificar a los viajeros con bono y que garantiza la gratuidad para menores o personas en situación de vulnerabilidad social. Todo sobre un precio del billete ordinario de 1,5 euros.

La pérdida de la ayuda estatal supondrá, pues, que el uno de julio los viajeros con tarjeta ciudadana o de Emtusa pagarán 75 céntimos por trayecto. Pero si lo que se usa es la tarjeta de la CTA el precio será de 0,45 ya que el Consorcio de Transportes de Asturias sí tiene la subvención ministerial. Un Consorcio que le paga por viaje al Ayuntamiento los 75 céntimos de su tarifa oficial.

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