El Musel ve defectos en el expediente de cesión del terreno de Naval Gijón
Puertos del Estado pone en duda el plan para la fachada marítima por el alto endeudamiento

Vista de parte de los terrenos de Naval Gijón. / Juan Plaza
Los nuevos gestores de El Musel aprecian supuestos defectos en el expediente iniciado hace más de un año para la cesión gratuita de 3.848,20 m2 en Naval Gijón al Ayuntamiento. El Puerto se apoyará en tres nuevos informes, además de en la revisión de actuaciones de los anteriores gestores portuarios, para impedir la cesión. La nueva dirección del Puerto prefiere ahora quedarse esa franja de 9,3 metros de ancho destinada a paseo marítimo, para urbanizarla y controlar el acceso a la lámina de agua, lo que ha llevado a un choque con el gobierno local.
La revisión del expediente se acomete al echar en falta, entre otros, un informe económico-financiero sobre el impacto en las cuentas del Puerto de la cesión de esa franja, teniendo en cuenta el endeudamiento de la Autoridad Portuaria y que además está sujeta al impuesto de sociedades. Los otros supuestos defectos son la falta de informes técnicos sobre si esa franja es necesaria para la gestión del dominio público portuario; la falta de un informe jurídico sobre todo lo actuado en el expediente y que no se hubieran sometido a la decisión del Consejo de Administración información facilitada por el anterior presidente del Puerto a Patrimonio del Estado. Todos ellos son asuntos que ahora se revisarán antes de someter a la consideración del Consejo la decisión sobre la cesión o no de esos 3.848,20 m2 al Ayuntamiento, una decisión que la Alcaldesa y vicepresidenta de El Musel requirió a la Autoridad Portuaria, sin éxito, que se abordara en la reunión del Consejo de este miércoles y se aprobara.
El informe económico es especialmente significativo toda vez que en la reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón del pasado 31 de marzo el representante de Puertos del Estado mostró sus dudas sobre el plan del Puerto de destinar 3,5 millones de euros en cinco años a mejorar sus terrenos colindantes al mar, entre Lequerica y Marina Yates en Gijón, y también en el Alto de Aboño, en Carreño. Un "máster plan" en el que se prevé incluir la urbanización de la franja de paseo marítimo en Naval Gijón. El representante de Puertos del Estado aludió al elevado endeudamiento del Puerto, aspecto clave toda vez que el organismo estatal tendrá que dar el visto bueno a cualquier inversión de la Autoridad Portuaria. La respuesta que recibió es que la Autoridad Portuaria está pendiente del cobro de los 49,5 millones de euros de fondos de cohesión de la UE concedidos para la obra de ampliación de El Musel.
El informe económico pendiente analizará los impuestos que tendría que pagar El Musel por la cesión gratuita de esos 3.848,20 m2, valorados en 511.000 euros. Los nuevos gestores portuarios también han venido defendiendo que el coste en el que incurriera el Puerto por la urbanización de ese suelo se podrá deducir del impuesto de sociedades al tratarse del desarrollo de un suelo público no sujeto a explotación comercial.
En cuanto a los informes de técnicos portuarios que se añadirán al expediente, hay que tener en cuenta que el Puerto ya ha venido apuntando que esa franja de suelo le es necesaria para garantizar el acceso a la lámina de agua, en la que prevé instalar pantalanes para trasladar allí la actividad de piragüismo del Grupo Covadonga y las escuelas de vela que ahora están en el puerto deportivo.
Consultas de Patrimonio
Respecto a las consultas que hizo Patrimonio del Estado antes de dar el visto bueno a la cesión de suelo al Ayuntamiento, los anteriores gestores del Puerto, al igual que el Ayuntamiento, trasladaron a ese departamento del Ministerio de Hacienda que la cesión de esa franja no derivaría de la ejecución del planeamiento urbanístico al no haberse iniciado la ejecución del PERI. La ley establece que las cesiones de patrimonio del Estado vinculadas a la ejecución de planeamiento urbanístico se regirán por lo dispuesto en la legislación urbanística, con estricta aplicación del principio de equidistribución de beneficios y cargas.
A todos estos reparos al expediente, se suma la carencia de un informe jurídico sobre todo lo actuado, que también se realizaría ahora.
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