Guerra abierta entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Gijón: el Musel abrirá la franja de Naval este año y el Consistorio inicia la vía judicial

Guerra abierta entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento por la polémica de la franja de Naval. La conocida decisión del Puerto de no ceder la titularidad de la franja marítima para mantener el control de la lámina de agua y de costear por su cuenta el paseo del entorno ha terminado en "ultimátum" y con vistas a terminar en un juzgado. El Puerto acusó ayer al Ayuntamiento de actuar de manera "desleal" por no sentarse a negociar una solución y anunció su intención de iniciar este verano la adecuación provisional de este frente marítimo para abrirlo al público. El Ayuntamiento, por su parte, comunicó que este lunes una sesión extraordinaria en Junta de Gobierno aprobará iniciar la tramitación del plan especial de Naval Azul y la formalización de un requerimiento al Puerto: si no culmina la cesión de la franja en 30 días, iniciará la vía judicial. Nieves Roqueñí, presidenta portuaria, envió ayer una carta a la Regidora en la que le insta a "recapacitar". "No existe ningún motivo real de controversia y no es comprensible que el Ayuntamiento esté planteando públicamente un enfrentamiento institucional renunciando al diálogo", señaló.

Por un lado, la Autoridad Portuaria aseguró ayer estar en "disposición" de abordar este verano el acondicionamiento de la franja, lo que a su juicio "evitará los retrasos que se están generando por la negativa del Ayuntamiento a alcanzar un acuerdo" respecto a la cesión. En un duro comunicado, el Puerto reprochó la "la falta de lealtad institucional" del Ayuntamiento de Gijón, porque "amenazar" con "judicializar este proceso" es "impropio" de instituciones públicas.

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El Ayuntamiento, por su parte, también endureció ayer el tono y anunció, por un lado, que este lunes, en sesión extraordinaria, la Junta de Gobierno aprobará iniciar la tramitación del plan especial de Naval Azul, un paso que ya puede dar al ser el propietario mayoritario del ámbito tras formalizarse a finales del año pasado la compra del resto de la parcela que era del Puerto. La franja marítima, que con el anterior presidente portuario, Laureano Lourido, se había acordado que se cedería gratuitamente al Consistorio, centra ahora el nuevo "ultimátum": en la misma sesión de este lunes el gobierno local aprobará requerir esta cesión al Puerto para que, si no se culmina en un plazo de 30 días, se inicie "de forma automática, la vía judicial".

Añadió el Consistorio, respecto a las críticas de deslealdad, que "el mayor ejemplo de lealtad fue el hecho de que el Consistorio procedió al pago de los terrenos por adelantado", una gestión que se hizo "a fin de agilizar la operación y confiando en la seriedad y el compromiso del Puerto" respecto a la cesión, que se tramitó con un expediente separado y que es el que ahora hace aguas.

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Fuentes portuarias señalaron, tras saber de este comunicado, que la adecuación provisional del paseo se impulsará "con o sin Moriyón". Tildaron de "incomprensible" la situación actual y reiteraron el "compromiso" del Puerto a "ejecutar y pagar las obras del paseo para que pueda estar a disposición de la ciudad este mismo verano". Añadieron que ha habido "numerosos" intentos de diálogo con el Consistorio que no prosperaron. Los más recientes, esta misma semana, fueron una propuesta de convenio en la que el Puerto accedía a ceder al Ayuntamiento el uso de la franja como espacio público reservándose la titularidad del espacio y la citada misiva enviada ayer con la que Roqueñí insta a Carmen Moriyón a retomar "el camino del entendimiento" de acuerdo a un "mismo objetivo", que es "recuperar los terrenos para la ciudad". Respecto al convenio, el Puerto señaló que condicionantes como el de "solicitar autorización para realizar obras en la parcela o la colocación de nuevos elementos ya fueron aceptados por la Alcaldesa en su acuerdo con el anterior presidente de la Autoridad Portuaria", por lo que dice no entender la negativa.

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Como el Ayuntamiento, más allá de exigir la cesión e impulsar el plan especial, mantiene su intención de adecuar provisionalmente su parte de la parcela –con o sin franja– para abrirla también este año al público, este verano, tras la Semana Negra, podría darse una situación muy extraña en Naval Gijón si no se logre un acuerdo estas semanas: entrarían al entorno, y más o menos a la vez, las máquinas del Puerto por un lado y las del Ayuntamiento por el suyo para adecuar cada uno su espacio de finca de manera provisional y dejando el desarrollo definitivo del ámbito dirimiéndose en los juzgados.

Los pliegos del plan especial, según explicó ayer el Ayuntamiento, fijan ya las "condiciones" del futuro polo empresarial del entorno, de acuerdo a la ficha urbanística, con el objetivo de impulsar el sector de la economía azul. Además del ya conocido paseo, se contempla una nueva conexión viaria y diseñar "edificios singulares" para el borde urbano, así como "mejorar y completar las comunicaciones existentes" y generar nuevas zonas de estancia. Se pretende conectar el entorno con la playa de Poniente. Se estima que la tramitación durará unos 18 meses.

Así, Puerto y Ayuntamiento siguen adelante con sus propios planes: adecuar provisionalmente sus espacios para abrirlos al público y desarrollar, en paralelo, sus planes de diseño definitivo. En el caso portuario, ya se había aprobado el encargo de un plan maestro para consensuar mejoras en todo el frente marítimo entre Lequerica y El Arbeyal, y su intención ahora se ratificar la inclusión de la franja de Naval en este frente marítimo incluyéndola de nuevo como zona de dominio público portuario, un trámite que exige modificar al plan de delimitación de los espacios y usos portuarios de la entidad. Según se recoge en el borrador de convenio que había enviado esta semana al Ayuntamiento –y que éste rechaza–, su idea es modificar ese plan y elevar la propuesta a Puertos del Estado este mismo año para asignarle a la franja la calificación de "zona de interacción puerto-ciudad".

Lo que el Puerto proponía al Ayuntamiento era, en esencia, culminar la cesión de la franja en cuanto a su uso pero conservando la titularidad, imitando el modelo de Poniente y El Arbeyal. En ese convenio se citaba que el cambio de postura del Puerto se debió a una "recomendación" de sus servicios jurídicos, que pedían mantener la titularidad para tener control de la lámina de agua y poder, por ejemplo, aplicar "limitaciones o restricciones al uso público" durante el desarrollo de ciertas actividades náuticas. Ofrecían que el Puerto pagase la obra y que el Ayuntamiento costease el mantenimiento.

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