El Ayuntamiento de Gijón oficializa ya el aviso al Puerto para que ceda la franja de Naval: "No vamos a dar ni un paso atrás"

"Es una zona estratégica para el futuro de Gijón y una prioridad para este gobierno. No vamos a dar ni un paso atrás en su impulso". Ese es el mensaje sobre Naval Gijón que desde el gobierno municipal encabezado por Carmen Moriyón lanzaba ayer el edil de Urbanismo y portavoz del gobierno, el forista Jesús Martínez Salvador, solo unos minutos después de que la Junta de Gobierno aprobara – por unanimidad de los ediles de Foro y PP que la conforman y en una sesión extraordinaria y urgente– iniciar los trámites para la redacción del plan especial que ordenará urbanísticamente la conversión de los terrenos del antiguo astillero en un polo de empresas de economía azul. De Naval Gijón a Naval Azul.

Pero sobre todo de que se aprobara, también por unanimidad, dar a la Autoridad Portuaria un mes de plazo –tras la recepción de la notificación–para que entregue los 3.848,20 metros cuadrados más próximos a la lámina de agua que como cesión gratuita se vincularon a la compra que el Ayuntamiento hizo por algo más de 4,6 millones de los 35.000 metros cuadrados del suelo del astillero propiedad del Puerto. Si en ese plazo el Ayuntamiento no tiene ese terreno irá al juzgado.

El "diálogo", la alternativa de la calle al conflicto por la franja del Naval

La batalla entre ambas administraciones está servida y no parece tener marcha atrás. Visto que no parece que la Autoridad Portuaria, ahora bajo la presidencia de la socialista Nieves Roqueñí, vaya a ceder en su intención de mantener la propiedad de ese terreno para ser ella quien lo adecue dentro de un plan integral de actuación en la fachada costera de la zona oeste. Y visto que el Ayuntamiento ya ha señalado la puerta de los juzgados.

Aunque ayer la Autoridad Portuaria derivara su contestación formal a la recepción del requerimiento municipal sí que adelantó que "lamenta que la alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón y vicepresidenta del Puerto, Carmen Moriyón, haya elegido la vía del ultimátum sin ni tan siquiera sentarse a hablar de los acuerdos de cesión propuestos, tal como habíamos acordado". Aún más, lo que ayer anunciaba el equipo de Roqueñí era un encuentro con representantes vecinales de la zona oeste para "trasladarles la visión del Puerto ante un conflicto desatado por la intransigencia de los representantes municipales" y sus planes de futuro para la franja marítima de Naval Gijón.

Precisamente, la bondad de que el Puerto contactase con los vecinos había sido motivo de reflexión en sus redes sociales del líder del PSOE gijonés minutos antes. Se quejaba Monchu García de la "desinformación interesada" sobre lo que pasaba en Naval Gijón y decía que "haría bien la Autoridad Portuaria en explicar a las asociaciones de vecinos del oeste qué está pasando y cuál es su propuesta de colaboración institucional. Luz y taquígrafos frente a los bulos y la manipulación tan en boga en algún Foro".

No lo ve de esta manera el gobierno municipal gijonés que justifica esta reclamación prejudicial en "la defensa del interés público". Así se indica en la fundamentación que sostiene el acuerdo alcanzado ayer por la Junta de Gobierno y donde se deja claro que, desde enero de 2024, cuando empezaron las gestiones, a marzo de este 2025 nadie había puesto en duda que la operación completa –aunque organizada en dos tramitaciones patrimoniales diferentes– sumaba la venta de los 35.000 metros cuadrados y la cesión gratuita de los otros 3.800. El único cambio en ese tiempo fue la sustitución en la presidencia del puerto de Laureano Lourido por Nieves Roqueñí.

El documento municipal hace una prolija descripción de fechas a tener en cuenta y de documentos donde aparece consignada esa cesión gratuita. Incluso, y recordando el acto de firma del contrato y entrega del cheque que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Gijón en diciembre del año pasado con la presencia del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, se especifica que "los intervinientes hicieron referencias a a bondad de la operación incluyendo en todos los casos menciones a la cesión gratuita, en ese momento aún pendiente".

El documento aprobado ayer también incluye, y dándole la consideración de dato "relevante", que el Ayuntamiento "ha cumplido con sus obligaciones de forma prudente y rigurosa". No aparece la palabra lealtad, aunque si es un concepto que ha tenido su protagonismo en negativo en este tramo de bronca entre Ayuntamiento y Autoridad Portuaria. "La deslealtad es no cumplir los acuerdos que se adoptan. Una vez que ya hemos pagado al Puerto no puede venir el Puerto y decir ahora que no cede la parcela comprometida. Esa es la única deslealtad, la que están sufriendo los gijoneses y que este gobierno municipal no va a permitir", replicó Martínez Salvador.

En cuanto a la contratación de la redacción del plan especial de reforma interior se plantea en cumplimiento de lo establecido en el Plan General de Ordenación (PGO) pero también en lo fijado en el Plan Estratégico de Gijón como espacio de desarrollo de un nuevo polo productivo. La tramitación se prolongará año y medio, aunque el Ayuntamiento –que al tiempo negocia con Pymar la compra del resto del suelo– no va a esperar tanto ni para animar a las empresas a ubicarse ni para abrir el espacio a los gijoneses. Su idea es hacer tras el verano una adecuación provisional del suelo de su propiedad. Lo mismo compromete el Puerto para esa franja costera motivo de enfrentamiento.

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