La maraña judicial del carbón de El Musel (con la causa ahora paralizada): de Gijón a Londres y luego a Madrid

El auto de la Audiencia Provincial de Madrid que ha frenado la investigación penal en un juzgado madrileño por la desaparición en El Musel de 120.000 toneladas de carbón de la empresa Telf, al considerar que esos hechos deberían investigarse en todo caso en un juzgado de Gijón tal y como ayer adelantó LA NUEVA ESPAÑA, revocó el auto mediante el que un juzgado de Pozuelo de Alarcón decidió hace casi un año abrir diligencias por estos hechos. Por ellos, entre otras pruebas, se llamó a declarar como investigados a exdirectivos de El Musel, Ebhisa y Marprin y ordenó el pesaje del carbón de Telf que permanecía en El Musel. La juez de Madrid decidió en mayo de 2024 abrir unas diligencias nuevas al no poder incluir este asunto en la investigación principal contra NMR por haberse excedido el plazo de instrucción de la misma. La Audiencia Provincial de Madrid ya había ordenado dar por concluida la instrucción de la causa principal con efectos de noviembre de 2022.

La resolución del tribunal madrileño complica la estrategia de Telf para intentar resarcirse por el carbón desaparecido de las instalaciones portuarias mientras Telf trataba de recuperar su posesión, para lo que tuvo que pleitear en la Corte de Arbitraje de Londres contra Natural Mining Resources 1926 (NMR), quién le había encargado el mineral a finales de 2020 sin llegar a pagarlo.

NMR está en proceso de liquidación tras quebrar con un pasivo de 170 millones de euros. Esta quiebra se está investigando en Madrid si supuestamente fue fraudulenta. Además, se investigan otros supuestos delitos como estafa y blanqueo de capitales a través de un entramado de sociedades vinculadas repartidas por diversos países. Los numerosos acreedores de NMR tienen difícil cobrar sus deudas, si bien un informe de la UCO para el juzgado de Pozuelo de Alarcón ha propuesto adoptar medidas judiciales para intentar bloquear y recuperar 19,5 millones de euros que NMR transfirió a sociedades supuestamente vinculadas en otros países.

En este contexto se enmarca la denuncia que Telf presentó no sólo contra NMR sino también contra Ebhisa y Marprin. La primera de ellas con participación accionarial mayoritaria de la Autoridad Portuaria de Gijón. Además de la denuncia penal, Telf presentó una demanda civil contra Ebhisa reclamándole 53 millones por un cargamento de carbón que cuando se descargó en El Musel estaba valorado en 7,5 millones.

No está claro si Telf interpondrá ahora una nueva denuncia penal en Gijon, dado que podría acarrearle complicaciones en los procedimientos civiles y mercantiles contra Ebhisa para que le de las 120.000 toneladas de carbón desaparecidas o le pague 53 millones de euros. Por otro lado, un juzgado de instrucción de Gijón ya archivó en su día la primera denuncia que presentó Telf por la supuesta sustracción del carbón al considerar que se trataba de un conflicto mercantil y no penal. Aquel archivo fue revocado por la sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón. Pero antes de que la Audiencia asturiana se pronunciara, Telf optó por personarse en la investigación principal contra NMR que se seguía en el Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón.

En las escuchas autorizadas por la juez a los socios y otros investigados de NMR había referencias al cargamento de Telf, una parte de los millones de toneladas de carbón que entre 2018 y 2020 movió NMR por El Musel en una operativa que consistía en comprar carbón fundamentalmente de Rusia y revenderlo a clientes internacionales, sobre todo a térmicas de Marruecos, previa mezcla y criba. El negocio real, según el informe de la UCO, era otro. Conseguir créditos bancarios. La Guardia Civil apunta a una supuesta estructura de empresas presuntamente controladas por los investigados cuyo fin era, consideran los investigadores, ocultar la actividad real. Según el informe, la mayor parte de los ingresos del entramado societario eran financiación bancaria (el 41,58 por ciento), mientras que solo el 12 eran ingresos por la actividad empresarial del grupo.

El juzgado madrileño acabó solicitando al juzgado gijonés en el que se había interpuesto la primera denuncia contra NMR, Ebhisa y Marprin que se inhibiera, como así hizo. Entre tanto, la Audiencia Provincial de Madrid dictó un auto que obligaba al juzgado de Pozuelo a dar por zanjada la instrucción en la causa principal contra NMR por haber sobrepasado el plazo máximo para la instrucción sin haberse decretado una prórroga del mismo.

Así las cosas, el 27 de mayo de 2024 la magistrada de Pozuelo acordaba abrir una nueva investigación penal por el carbón desaparecido en El Musel dado que no consideraba posible aceptar la inhibición del juzgado gijonés para sumar este asunto a la investigación principal contra NMR ya que el tribunal superior había ordenado que la misma se diera por concluida a efectos de noviembre de 2022. n

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