La zona de bajas emisiones de La Calzada se lía con la ayuda de Europa

El edil del Grupo Municipal Socialista Tino Vaquero y el concejal de Tráfico, el forista Pelayo Barcia, volvieron ayer a cruzarse acusaciones a cuenta de la zona de bajas emisiones de La Calzada. El primero alertando de la posibilidad de que Gijón tenga que devolver los casi siete millones de subvención recibidos para este proyecto – y otros de movilidad que iban en el mismo paquete–al no tener la ZBE operativa y el segundo rebajando ese impacto al simple "deseo excesivo del señor Vaquero de que Gijón se ve obligado a devolver las ayudas y de que el Ayuntamiento imponga sanciones a vecinos que no pueden permitirse el cambio de vehículo".

No es la primera vez que Vaquero habla de ese riesgo. Ahora lo hace en base a un informe de la Abogacía del Estado elaborado a petición del Ministerio de Transportes. "El informe habla de incumplimientos formales pero también de fondo que pueden llevar a sanciones e incluso a la devolución de la subvención. O el triple de lo recibido en ciertas circunstancias. Entiendo que en el caso de Gijón no habrá problemas formales pero si se entra en el fondo sí hay una decisión política de no implantar esa ZBE", denunciaba Vaquero para quien el gobierno de Carmen Moriyón pone a Gijón fuera de la ley y eso tiene un coste. "Que vaya echando cuentas la señora Moriyón", remató el socialista.

No lo ve así, ni mucho menos, Pelayo Barcia. Para el edil de Tráfico lo importante del informe es que "aclara que, a efectos de estas subvenciones, se considera que la zona está implantada cuando el beneficiario ha iniciado la elaboración del proyecto técnico. No se requiere, como erróneamente sugiere el señor Vaquero, la imposición inmediata de sanciones a los ciudadanos por no cambiar de vehículo, ni la aplicación de restricciones específicas en cuanto a su tipo o duración".

A partir del dinero recibido de Europa en La Calzada ya están instaladas cámaras, paneles y sensores pero sin efecto sobre el tráfico. ¿Y el proyecto técnico? Se aprobó inicialmente en diciembre y de manera definitiva hace unas semanas tras incorporar alegaciones. "Así que el requisito se considera cumplido desde el año pasado", sentencia el edil de Tráfico

Ahora en lo que se está es, por un lado, en la elaboración de las memorias justificativas de los proyectos financiados por Europa y, por otro, tramitando la ordenanza que regule la zona y donde el gobierno ha comprometido no aplicar multas hasta 2028 o cuando haya una alternativa al tráfico de camiones por Príncipe de Asturias.

Precisamente que la zona de bajas emisiones estuviera totalmente fue el nuevo requisito fijado por el Ministerio de Transportes para conceder las ayudas que permitían a Emtusa rebajar un 50% los precios de viajes con bono. El Ayuntamiento no ha solicitado unas ayudas que le imponían comprometerse con esa exigencia; así que los viajeros que usen la tarjeta ciudadana o de Emtusa volverán a pagar 0,75 euros a partir del uno de julio. "Esa ha sido la primera consecuencia para el bolsillo de la ciudadanía; la devolución de las ayudas puede ser la siguiente", mantiene Vaquero.

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