El Ayuntamiento solicita al Puerto y a la Abogacía su informe sobre Naval Gijón

El Ayuntamiento de Gijón está tratando de hacerse con el reciente informe de la Abogacía del Estado sobre la franja que se disputa con el Puerto en Naval Gijón, para intentar reforzar su posición de que la Autoridad Portuaria de Gijón les ceda la titularidad de ese esos 3.848,20 metros cuadrados colindantes con la dársena del antiguo astillero, tal como había pactado el Ayuntamiento con la anterior dirección del Puerto. Desde el Consistorio se ha solicitado el acceso a ese informe tanto a la Autoridad Portuaria de Gijón como a Abogacía del Estado.

Ayuntamiento y Autoridad Portuaria han mantenido varias reuniones sobre la franja tras la decisión de los nuevos gestores del Puerto de mantener en propiedad esa franja de 417 metros de largo por 9,3 de ancho para garantizar el control del acceso a la lámina de agua de la dársena, pero ofreciendo al Ayuntamiento la cesión gratuita del uso de esa franja, algo que no le vale al Ayuntamiento. El Consistorio ha rechazado las dos propuestas de convenio que le ha puesto sobre la mesa la Autoridad Portuaria, manteniéndose firme en su petición de la entrega de la propiedad de la misma al Ayuntamiento. Fuentes del gobierno local han mostrado su convencimiento de que la Autoridad Portuaria acabará por asumir ese planteamiento sin necesidad de que el gobierno local llegue a tener que reclamárselo judicialmente. Mientras tanto, el Puerto ha incluido en su plan de empresa una partida de 7,2 millones de euros para actuaciones Puerto-Ciudad y ha ofrecido invertir cerca de 7 millones de euros en Naval Gijón, urbanizando no sólo su franja de paseo, sino hasta los 20 metros de servidumbre de costas y construir un edificio para fines sociales en el futuro parque empresarial de economía azul, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

La Abogacía del Estado liga la venta de la parcela de Naval Gijón con la cesión de la franja

El Ayuntamiento se está manteniendo firme ante el respaldo a sus tesis en el Consejo Social de Gijón por todas las fuerzas políticas municipales salvo el PSOE, así como por los pronunciamientos de organizaciones empresariales y de la federación vecinal. La principal baza que hasta el momento ha esgrimido el gobierno local es un informe rubricado por la secretaria municipal en el que se concluye que si la Autoridad Portuaria no cede gratuitamente la titularidad de la franja en disputa al Ayuntamiento, eso podría suponer un incumplimiento del contrato de la compraventa ya formalizada, de los otros 35.000 metros cuadrados que también poseía la Autoridad Portuaria en Naval Gijón y por los que el Ayuntamiento pagó a finales del año pasado 4,65 millones de euros. En esa compraventa se hacía referencia a la cesión gratuita de los otros 3.848,20 metros cuadrados que se habían segregado de antigua parcela del Puerto en Naval Gijón, una cesión que se tramitaba en el Puerto un expediente distinto al de la compraventa de los 35.000 metros cuadrados.

Desde el Ayuntamiento se ha insistido en vincular la compraventa y la cesión. El informe realizado ahora por la Abogacía del Estado para la Autoridad Portuaria sobre Naval Gijón considera que ambas operaciones están coaligadas, tal como informó LA NUEVA ESPAÑA.

Mientras el gobierno local ha reclamado que le remitan ese informe, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, la socialista Nieves Roqueñí, instó a la alcaldesa, Carmen Moriyón en el último Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria a que le remita una propuesta de clausulado que el Ayuntamiento considere aceptable para someterlo a la consideración de la Abogacía del Estado y tramitarlo en el Consejo, como vía para zanjar el conflicto después de que el Ayuntamiento haya rechazado las dos propuestas planteadas por la Autoridad Portuaria.

En la última de ellas, el Puerto plantea incorporarse al PERI de Naval Gijón aportando la franja, que estaría destinada a sistema general, "por lo que la Autoridad Portuaria, en el marco del proceso urbanístico y del sistema de compensación, procederá a su cesión gratuita al Ayuntamiento para la organización a lo largo del borde marítimo de un espacio libre de uso ciudadano", comprometiéndose a la urbanización del paseo marítimo en el antiguo astillero gijonés y a la construcción de un edificio en el futuro parque empresarial en el espacio de aprovechamiento urbanístico que le correspondería al Puerto en el PERI fruto de la aportación de esa parcela valorada en 511.000 euros.

Cinco días para que venza el ultimátum de la Junta de Gobierno

Desde hoy domingo faltan cinco días para que el próximo jueves día 12 de junio venza el plazo dado por el gobierno local encabezado por la forista Carmen Moriyón para que la Autoridad Portuaria firme la entrega al Ayuntamiento de la titularidad de los 3.848,20 metros cuadrados en disputa en Naval Gijón, habiendo advertido de que en caso contrario se los reclamarían por vía judicial. Tal como se había pactado. El ultimátum lo lanzó el pasado 12 de mayo la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, señalando ya entonces por boca de su portavoz, el forista Jesús Martínez Salvador, que "no vamos a dar ni un paso atrás".

Previamente, la alcaldesa, Carmen Moriyón, ya había solicitado por carta al Puerto en el mes de abril que culminara la tramitación de la cesión de la titularidad de la franja colindante con la dársena del antiguo astillero gijonés. En la última reunión de técnicos de ambas partes para abordar la situación, los representantes de la Autoridad Portuaria trasladaron a su contraparte que la cesión de la titularidad de ese terreno que supone el 6% del afectado por el PERI de Naval Gijón supondría la cesión de derechos urbanísticos y, por lo tanto, una cesión lucrativa contraria a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas que está prohibida expresamente en la misma. En la reunión también se pidió al Ayuntamiento una propuesta de acuerdo, como al día siguiente se reiteró en el Consejo de El Musel.

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