Nuevo giro en la pugna por Naval Gijón: el Puerto llevará ya a su Consejo la cesión de la franja que reclama el Ayuntamiento

Nuevo gira en la pugna por Naval Gijón. La dirección de la Autoridad Portuaria de Gijón decidió hoy dar un paso para desescalar el conflicto con el Ayuntamiento por la cesión de la franja de 3.848,20 metros cuadrados que aún posee en Naval Gijón, y anunció que llevará el asunto a la próxima reunión de su Consejo de Administración, con una propuesta para que el Consejo vote y decida acerca de la cesión de ese suelo.

La presidenta de El Musel, la socialista Nieves Roqueñí, apuntó que el Puerto da este paso para evitar que el asunto acabe en los tribunales, ante la intención del gobierno local de reclamar judicialmente la cesión de esa franja destinada a paseo marítimo.

Un paso atrás en las exigencias

Se trata de un paso atrás respecto a la última postura que había venido sosteniendo la Autoridad Portuaria de Gijón, que pidió a la alcaldesa, Carmen Moriyón, que le remitiera una propuesta de convenio para la cesión de la franja, que el Puerto elevaría a su Consejo, previo informe de la Abogacía del Estado.

El Ayuntamiento se mantuvo firme en su postura de que el Puerto tramite ya la cesión de la franja con la documentación que ya posee, sin que el Ayuntamiento le tenga que remitir ninguna nueva. Hoy finalizaba el plazo que había dado el Ayuntamiento al Puerto para materializar esa cesión o ir a los tribunales.

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Así las cosas, el Puerto anunció hoy que tras no haber recibido la propuesta de convenio que solicitaron al Ayuntamiento, serán sus propios servicios técnicos y jurídicos los que redacten un "clausulado" para la cesión de la franja, que se someterá a la decisión del Consejo de Administración previo informe jurídico de la Abogacía del Estado. Roqueñí declara al respecto que “como presidenta del Puerto no puedo consentir que el empecinamiento en la judicialización retrase deliberadamente un proyecto relevante para el futuro de la ciudad”.

La máxima responsable portuaria agrega que por ese motivo “voy a proponer que el Consejo de Administración proceda a la cesión gratuita de la parcela, si así lo recomiendan los informes pertinentes, especialmente los relacionados con los derechos urbanísticos, porque para el Puerto es fundamental que se garantice en todo momento que esos terrenos van a ser siempre para uso público, para disfrute de los ciudadanos y no para un aprovechamiento lucrativo, algo que desde el Ayuntamiento no han dejado claro en ningún momento”.

El Puerto reclama "responsabilidad" al Ayuntamiento

La presidenta del Puerto califica su decisión de un acto de “responsabilidad", frente a lo que considera "inacción y la actitud reactiva" del gobierno local.

Al mismo tiempo, la dirección portuaria lamenta que el gobierno local haya renunciado a la participación del Puerto en el desarrollo del futuro polo industrial de Naval Azul, dado que la oferta de la Autoridad Portuaria para buscar un acuerdo incluía en destinar al mismo una inversión cercana a los siete millones de euros, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, con más de dos millones para la urbanización del paseo marítimo y otros cuatro para la construcción de un edificio para uso ciudadano en el aprovechamiento urbanístico que le correspondería en el PERI de Naval Gijón por la aportación al PERI de su parcela, que supone un 6% del suelo del ámbito.

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Esos siete millones de euros se destinarán a atender de manera inmediata otras necesidades "como la ampliación y acondicionamiento de paseo litoral de El Arbeyal en La Calzada", que incluye su prolongación hasta el puerto deportivo de Marina Yates, en los muelles de La Osa, con un voladizo a modo de gran pasarela sobre la escollera que separa la playa de El Arbeyal de ese puerto deportivo en El Musel.

Roqueñí quiso insistir en que el expediente sobre la franja en disputa no estaba concluido y que por lo tanto no existía una cesión de facto de la propiedad. La mandataria portuaria también apunta que “aunque estamos convencidos de que los tribunales nos darían la razón, preferimos tomar una decisión salomónica, porque no es comprensible que el gobierno municipal denuncie al Puerto de Gijón, con los costes que eso conlleva, por algo que ya es público y de toda la ciudadanía”.

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