El plazo para evitar el juicio por la franja de Naval Gijón expira sin acuerdo

Se acabó la cuenta atrás. El plazo de 30 días dado por el Ayuntamiento a la Autoridad Portuaria para entregar en propiedad la franja marítima de Naval Azul o llevar al Puerto a los tribunales por incumplimiento de contrato termina hoy sin que, salvo giro imprevisto de los acontecimientos, vaya a haber un acuerdo. Ello aboca, más que nunca, a que el gobierno local inicie hoy los trámites para llevar el asunto a los juzgados y que sea, por tanto, un juez quien decida sobre el conflicto entre las dos mayores instituciones de Gijón. Esta nueva tesitura indignó ayer a Vox, Izquierda Unida y Podemos, los tres partidos de la oposición municipal que defendieron el acuerdo inicial entre el Ayuntamiento y el Puerto –el PSOE se desmarcó de esta postura– y tildaron la actitud portuaria de "irresponsable e incomprensible". A su vez, los vecinos lamentaron también la ausencia de acuerdo. "Vamos a una situación que nadie quiere", expresó el movimiento vecinal.

El Ayuntamiento y el Puerto, sin pacto por Naval Gijón en la víspera de llevar la franja a juicio: así están las posturas

La víspera al fin del ultimátum transcurrió, en realidad, como el último mes. Ni el Ayuntamiento ni el Puerto firmaron las tablas. La Autoridad Portuaria no dio a última hora su brazo a torcer para entregar la titularidad de los 3.848,20 metros de la franja, como le exige el Ayuntamiento. Ni el gobierno local accedió tampoco a enviar una nueva propuesta de convenio para culminar la tramitación del expediente de la compra de la parcela de Naval, la de 35.000 metros cuadrados en la que se habla la cesión de la franja, como le pedía el Puerto. El Ayuntamiento envió hace dos días una carta al Puerto como último intento para tender puentes. No hubo respuesta.

Esto hace que desde hoy el Ayuntamiento active a sus servicios jurídicos para elevar el choque a los tribunales. El conflicto pasará a una batalla legal. Si durante el último mes hubo reuniones, ahora este es un escenario que, al menos desde el prisma municipal, no se contempla. La única manera de que el conflicto no acabe judicializado ya solo tendría una opción: que desaparezca el objeto del juicio. Es decir, si el Puerto da la franja, el Ayuntamiento retira la denuncia.

"Es el fracaso de la política"

El fin del plazo sin acuerdo suscitó las críticas de partidos y vecinos. "Lamentamos que el Puerto no respete el anterior acuerdo, pero tampoco vemos una solución en el enfrentamiento judicial planteado por la Alcaldía", afirmó la portavoz municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco. Para el portavoz de Izquierda Unidad, Javier Suárez Llana, esto es "el fracaso de la política". "La posición del Puerto es incomprensible. Seguimos reclamando que se cumpla lo acordado y se construya una relación de colaboración para ver industrias limpias generando empleo en El Natahoyo", afirmó. "Es una irresponsabilidad llevar esto a un juicio. El empecinamiento del Puerto obliga a la ciudad a asistir a un esperpento que empeora el hartazgo de los gijoneses y las gijonesas con respecto a sus infraestructuras", zanjó la portavoz de Podemos, Olaya Suárez.

"Esto demuestra la poca cintura de los dos, pero los acuerdos están para respetarlos. La compra de esos terrenos goza del consenso de la ciudad", contempló el presidente de la Federación vecinal, Manuel Cañete. "Es triste que dos entidades públicas no interpongan el bien común a sus intereses", comentó Carlos Arias, de La Calzada. Más indignado se mostró Álvaro Tuero, de El Natahoyo. "Es lamentable que no haya acuerdo", dijo. Miguel Llanos, de la Federación rural, dijo que los "acuerdos firmados hay que respetarlos", matizando, eso sí, que "si no está claro, lo mejor es llegar a un acuerdo".

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