¿Cuáles son los pasos ahora para la cesión de la franja de Naval Gijón? La Abogacía del Estado analizará la propuesta

La Autoridad Portuaria de Gijón remitirá a principios de la próxima semana a la Abogacía del Estado su propuesta para culminar la cesión gratuita al Ayuntamiento de la franja de 417 por 9,3 metros que aún mantiene en propiedad en Naval Gijón, operación que ha desatado una tormenta política en los últimos meses y que ha amainado después de que la dirección del Puerto diese marcha atrás y anunciase el pasado jueves que va a elevar a su Consejo de Administración una propuesta para que vote ya la cesión de la franja al Ayuntamiento. Previamente, aclaró, se someterá la propuesta a la consideración de la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre la misma.

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Ninguna de las partes ha cuestionado que el Puerto tenga que ceder gratuitamente al Ayuntamiento esa franja de 3.848,20 metros cuadrados. El origen del conflicto estuvo en la discrepancia entre la Alcaldía y la nueva dirección de El Musel sobre si la cesión debe ser del título de propiedad de ese terreno como ha venido reclamando el Ayuntamiento, o una cesión de uso, como había defendido el Puerto.

El Musel accedió a tramitar la cesión de ese suelo el último día de plazo que le había dado el consistorio para no reclamarle el terreno judicialmente, apoyándose en un informe de la secretaria municipal que señala que podría constituir un incumplimiento de contrato de compraventa del Ayuntamiento al Puerto de los otros 35.000 metros cuadrados que formaban junto a la franja la antigua parcela del Puerto en Naval Gijón. La consulta que hizo la Autoridad Portuaria al respecto a Abogacía del Estado se saldó con un informe en el que el Abogado del Estado concluía que ambas operaciones, la de la compraventa de los 35.000 metros cuadrados y la cesión de los otros 3.848, están coligadas, esto es, vinculadas, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

El Consejo del Puerto, el 4 de julio

La próxima reunión del Consejo de El Musel está fijada para el 4 de julio. Habrá que esperar hasta entonces para que los consejeros se pronuncien. Pero los pasos para llegar ahí se van a dar con celeridad, poniendo la documentación en manos de Abogacía del Estado en cuestión de días. Esto es necesario para garantizar que la valoración que haga Abogacía del Estado llegue a tiempo para la inclusión del asunto en el orden del día del próximo Consejo, toda vez que Abogacía del Estado dispone de un plazo de diez días para emitir este nuevo informe.

La propuesta que elevará la dirección de El Musel al Consejo, en el caso de que reciba el visto bueno de Abogacía del Estado, irá en linea con lo que el año pasado acordaron el anterior presidente de El Musel, Laureano Lourido y la alcaldesa, Carmen Moriyón.

Entre esas condiciones que entonces aceptó la Alcaldesa se incluye que si la parcela no se destina a fines de utilidad pública en el plazo que se fije en el acuerdo de cesión, o dejara de destinarse a eso en el futuro, la franja revertirá al Puerto; que el Ayuntamiento debe indicar los plazos para ejecución de las actuaciones y que cuenta con los medios para ello; que la cesión se hará mediante documento administrativo; que la cesión no surtirá efecto hasta que se inscriba en el Registro de la Propiedad, que en todo acto que afecte a la parcela el Ayuntamiento deberá hacer referencia a la condición de destino a la que está sujeta.

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También aceptó la obligación de colocar una placa en la que se difunda que ese terreno ha sido cedido gratuitamente por el puerto y para los fines previstos; que el Ayuntamiento asume a su costa y bajo su responsabilidad la conservación, inspección, reparación y reposición de todos los elementos de la franja; que el Ayuntamiento asume bajo su responsabilidad la ejecución de las obras y medidas de seguridad del terreno; que asume cualquier responsabilidad ante terceros por daños o perjuicios y que el Ayuntamiento no podrá realizar en la superficie cedida obra o modificación alguna sin autorización expresas de la Autoridad Portuaria, reservándose ésta el derecho a establecer las limitaciones o adaptaciones que juzgue necesarias por razones de interés social.

El Puerto también tendrá que autorizar la instalación de nuevas señalizaciones, indicadores o mobiliario en general.

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Valoraciones positivas ante el giro que evita judicializar Naval Gijón

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV), así como los grupos municipales de Vox, IU y Podemos, valoraron ayer positivamente que el conflicto se resolviera sin tener que judicializarlo. El presidente de la federación vecinal gijonesa, Manuel Cañete, señaló que "no queda más que alegrarse que las aguas vuelvan a su cauce. Hablar de quien pierde o gana carece de sentido. Si hay algo que celebrar es que gana el sentido común, el cumplimiento de unos acuerdos y la posibilidad de que Gijón ponga en marcha alguno de sus grandes proyectos urbanos".

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco calificó de buena noticia que se haya evitado la judicialización añadiendo que "ahora toca cerrar la herida, y dudamos que el triunfalismo exagerado demostrado por la Alcaldesa ayude". El portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, apuntó que "se demuestra que la ciudad tenía razón cuando pedía que se cumplieran los acuerdos", considerando buena noticia e instando al desarrollo del PERI y a centrarse ahora en las negociaciones con Pymar. En la misma linea, Olaya Suárez, de Podemos, además de alegrarse también porque el conflicto no acabara en el juzgado "porque no beneficiaría a nadie", instó al Puerto a invertir en El Arbeyal y al Ayuntamiento a desarrollar Naval Gijón para crear el parque de economía azul anunciado.

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