La franja de la discordia en Naval Gijón: ¿por qué se la disputan y qué pasará con ella?
La Abogacía del Estado se pronunciará sobre la cesión del suelo al Consistorio tras un informe previo durante el desencuentro del Puerto y el Ayuntamiento

Parte de los terrenos de Naval Gijón, con El Tallerón de Duro Felguera al fondo a la derecha. | ÁNGEL GONZÁLEZ
Casi tres meses después de que LA NUEVA ESPAÑA desvelara que la nueva dirección de El Musel contemplaba asumir la urbanización del paseo marítimo en Naval Gijón, en vez de entregar esa franja de 417 por 9,3 metros al Ayuntamiento, como había pactado la anterior cúpula de El Musel, las aguas parecen haber vuelto a su cauce con el anuncio, el pasado jueves, de que el Puerto llevará a la próxima reunión de su Consejo de Administración, una propuesta para la cesión de esos 3.848,20 m2 al Ayuntamiento, aparcando la oferta para invertir 7 millones de euros en el antiguo astillero.
Esa recogida de cable del Puerto se produjo el día en el que vencía el plazo del ultimátum que había dado el gobierno local, que ante ese giro ha optado por no reclamar judicialmente la entrega de ese suelo, a la espera de que su cesión gratuita se materialice en el consejo portuario del 4 de julio.
¿De qué franja de terreno se trata?
Esa franja de terreno es una segregación de la parcela mayor que tenía el Puerto en Naval Gijón. Los 35.000 m2 restantes los vendió la Autoridad Portuaria por 4,6 millones de euros al Ayuntamiento, escriturándose en diciembre pasado en un acto al que asistieron altos cargos del Gobierno central. El Ayuntamiento siempre defendió que no cumplir con cesión gratuita de los otros 3.848 m2 supondría una ruptura del contrato de compraventa del resto del suelo, conforme a lo que se había pactado con la anterior dirección de El Musel.
Un criterio en el que no sólo incidió un informe elaborado por la Secretaria municipal, sino también otro encargado a la Abogacía del Estado por la Autoridad Portuaria que, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, concluye que la venta de los 35.000 y la cesión de los 3.848 m2 son dos negocios jurídicos coligados. Según fuentes jurídicas, esto supone que la parte que ha cumplido su parte del contrato –el Ayuntamiento con el pago– puede reclamar judicialmente tanto que se cumpla lo que falta, la cesión, o la ruptura del contrato, con la devolución de los 35.000 m2.
El que se trata de negocios coligados es sólo una de las conclusiones de ese informe de Abogacía. Otra es que en el expediente de cesión gratuita no se observa que se haya infringido ningún trámite de los exigidos para esa operación por la Ley de Puertos del Estado. La tercera conclusión del Abogado del Estado es que si bien puede deducirse del expediente que se ha convenido la cesión de la propiedad de la parcela, será la resolución que ponga término al procedimiento la que precise si se cede sólo el uso o también la propiedad de la franja.
El uso o la propiedad
Ese informe del Abogado del Estado añade que tanto si se cede la propiedad como el uso de la franja, tendrá que establecerse una cláusula en la que se prevea de forma expresa que si los bienes cedidos no fueran destinados al uso previsto, o dejaran de serlo, se considerará resuelta la cesión y la franja revertirá al Puerto, que además tendrá derecho a percibir el valor de los detrimentos experimentados.
La Abogacía del Estado tendrá ahora que volver a informar sobre la propuesta de cesión que redactará el Puerto y que se basará en lo pactado en 2024 por el Ayuntamiento y la anterior dirección de El Musel. Luego la propuesta se elevará al Consejo.
El uso al que se destine la franja y los derechos edificatorios asociados en el PERI de Naval Gijón podrían reabrir el conflicto. El Puerto entiende que en el caso de que esos 3.848 m2 tengan aprovechamiento lucrativo, esto es, que le correspondan derechos edificatorios en otra parte del PERI, podría exigir la reversión de ese suelo. Desde el gobierno local se interpreta que al estar destinada esa franja solamente a paseo su uso ya no es lucrativo. La cesión obtuvo el pasado febrero el visto bueno de Patrimonio del Estado.
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