Reclaman las costas a los ecologistas por su denuncia a la regasificadora del Puerto de Gijón

Intentaron que los tribunales anularan la resolución ministerial que legalizó en 2022 la regasificadora de El Musel, primer paso para activarla como almacén logístico, argumentando que no está suministrando gas licuado a otros países de Europa y su incidencia en la contaminación en la zona oeste de Gijón. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó la demanda al considerar que no se había producido ninguna desviación de poder en esa resolución, y ahora el abogado de Enagás intenta que Ecologistas en Acción le paguen 2.420 euros de su minuta, por las costas del procedimiento.

La asociación ambientalista entiende que se quedará sólo en eso, en un intento del abogado de Enagás de endosarles esa factura. El motivo es que, como ya han comunicado al tribunal, al inicio del procedimiento se les reconoció a la asociación ecologista la condición de utilidad pública, en base a lo que han solicitado la exención de tener que afrontar las costas judiciales.

El pleito de Ecologistas en Acción se dirigía contra el Ministerio para la Transición Ecológica, no contra Enagás, que se personó en el mismo como codemandado por el interés en el asunto. Se da la circunstancia, de que mientras que el representante legal de Enagás intenta ahora cobrar las costas a los ecologistas, desde el Ministerio no se ha dado ningún paso en el mismo sentido. También se personó como codemandada Endesa Energía, que tampoco ha reclamado el pago de las costas. La organización ecologista alega ahora que "es criterio reiterado del Tribunal Supremo que no es procedente tasar las costas cuando se ha condenado a su pago a una asociación medioambiental que tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita".

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