¿Para cuándo la zona de bajas emisiones de La Calzada? Estos son los próximos movimientos para ponerla en marcha

El pasado 7 de abril se cerraba todo el procedimiento oficial que, vinculado a la financiación europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), sirvió para ejecutar las obras y comprar los elementos que permitieran poner en marcha la zona de bajas emisiones (ZBE) de La Calzada: la primera de Gijón. Una zona con limitaciones al acceso de vehículos que lleva generando dudas en el barrio, y en todo Gijón, desde que se anunciara.

La previsión es que la zona pueda estar operativa el año que viene. Operativa con carácter informativo pero sin sanciones, y vinculada a episodios de contaminación como no deja de repetir el concejal de Tráfico, el forista Pelayo Barcia. ¿Qué falta para arrancar la ZBE? Pues la aprobación de la ordenanza que la regule, y sobre cuya tramitación dio explicaciones Barcia en comisión a preguntas de la oposición.

A partir del trabajo de las concejalías de Tráfico y Medio Ambiente, y del resultado de un preceptivo proceso de participación, ya está diseñado el borrador final de ordenanza. Un documento que ahora está a la espera de que desde Hacienda se le incorpore el informe de impacto presupuestario y memoria económica para pasar luego el control definitivo del área de Intervención General. Algo que Barcia entiende que puede ser cuestión de días.

Todo estos pasos son necesarios para completar la documentación a la que debe dar su aprobación inicial la Junta de Gobierno. Luego toca la tramitación en sede municipal con plazo para que la oposición pueda presentar enmiendas y con la presentación del documento al consejo sectorial de Movilidad. La idea es que la aprobación en Junta de Gobierno llegue antes de fin de año, lo que demora a 2026 la aprobación finales el Pleno y su entrada en vigor.

La previsión de que la ZBE esté operativa el año que viene justifica que en el presupuesto municipal de la concejalía de Tráfico incluya una partida de 250.000 euros para la gestión de la zona. Un gestión que Barcia vinculó a dar información, mandar avisos... no a sancionar ya que la ordenanza incluye demorar las multas como mínimo hasta 2028. Aunque el objetivo final es que no se multe hasta que no haya una alternativa al paso del tráfico pesado por la avenida Príncipe de Asturias.

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