El Musel alega que las constructoras no se beneficiaron de los sobrecostes para cuestionar que la Comisión Europea esté planteando la revocación parcial de las subvenciones

La ausencia de un informe de la UE sobre si las constructoras que ampliaron el puerto de El Musel obtuvieron algún supuesto beneficio con la modificación del proyecto (los sobrecostes) es uno de los aspectos en base a los que la Autoridad Portuaria de Gijón cuestiona que la Comisión Europea esté planteando la revocación parcial de las subvenciones para la construcción de esta infraestructura. La Comisión, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, se apoya en buena medida en informes y documentación aportados a la investigación penal de estas obras en la Audiencia Nacional, que se zanjó en 2023 con una sentencia absolutoria.

La obra de ampliación de El Musel se licitó y adjudicó en 499,35 millones de euros (sin contar el IVA). Las obras se ejecutaron entre 2005 y 2011. En 2007 se aprobó un modificado del proyecto que elevaba el presupuesto en 216 millones y se amplió el plazo de ejecución de los trabajos, que iba a ser de 46 meses, en otros 22. La obra se liquidó con menos sobrecostes de los presupuestados, en 2012: el Puerto abonó 708,78 millones de euros incluyendo 124 millones de sobrecostes y 86,67 millones de actualización de precios. Los sobrecostes se debieron fundamentalmente al incremento en los precios de los materiales al no haberse podido explotar las canteras inicialmente previstas.

La Comisión Europea concedió una subvención de 247,5 millones de euros para la gran obra. Pagó 198 millones y mantiene retenidos 49,5 millones. Ante la petición del Ministerio de Hacienda de que abone esa última cantidad a la vista del resultado de la sentencia de la Audiencia Nacional, Bruselas ha puesto sobre la mesa una propuesta para revocar 32,63 millones de euros de la ayuda, advirtiendo de que en caso de disconformidad, abrirá un expediente para revocar 66,04 millones lo que obligaría a España a devolver parte de lo ya cobrado.

En las alegaciones remitidas a Bruselas contra el recorte de ayudas, el Puerto incide en que la Comisión Europea no aporta ningún informe relativo a un supuesto beneficio a favor del licitador con la modificación del proyecto. Añade que la UE no ha tenido en cuenta que Dique Torres está reclamando judicialmente una supuesta pérdida de 329 millones de euros con esta obra. También esgrime el informe encargado por el Puerto a American Appraisal, que en 2015 estimó que el valor de la obra de ampliación tiene una cuantía sustancialmente mayor al precio que el Puerto pagó por ella: 801,08 millones de euros (fundamentalmente por la distinta valoración de los materiales de relleno).

Los planteamientos que ahora hace la Comisión para recortar ayudas fueron rechazados en las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Cuentas de España en las que se descarta que se hubiera producido un perjuicio a los fondos públicos con la obra. Por ello, en la respuesta a la UE, el Puerto considera imprescindible una reunión a nivel técnico con la Comisión para analizar con rigor los supuestos hechos y aspectos técnicos y jurídicos que la Dirección General para Política Regional y Urbana (DG Regio) de la Comisión Europea califica como "constataciones" y en base a los que plantea el recorte de ayudas.

Entre las bazas que juega el Puerto para impedir el recorte está el que la que ahora plantea la UE es la tercera corrección financiera, 15 años después de haber propuesto la primera. Fue en 2010 y la UE planteó un recorte de 18,36 millones de euros sin acabar de adoptara una resolución en el plazo legal previsto. El segundo procedimiento se abrió, tras el informe de la OLAF de 2014 que dio pie a la investigación penal en España y entonces la UE planteó revocar los 247,5 millones concedidos. Quedó sin resolver.

El Puerto cuestiona que se puedan abrir sucesivos procedimientos, planteando nuevas supuestas irregularidades, sin haber resuelto los anteriores. Además, alega que la propuesta de la UE ni está motivada ni es proporcional y que además impide el derecho a ser oído al plantear que si España alega contra el recorte de 32 millones de euros, como ha hecho, la UE aplicará un recorte de 66 millones.

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