Europa, otra vez a vueltas con El Musel: todo el dinero que Bruselas reclama a Gijón por la ampliación del Puerto

La propuesta de la Comisión Europea para que el Puerto acepte que le recorten en 32,63 millones de euros de las subvenciones a la obra de ampliación de El Musel o, en caso contrario, abrir un expediente para revocar la ayuda en más del doble, 66,04 millones, es la tercera corrección financiera que pone sobre la mesa la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea (DG Regio). Las dos anteriores quedaron sin resolver, en 2010 y 2014. El de ahora es el último capítulo de los problemas de El Musel con la financiación comunitaria, que comenzaron después de que en 2007 intentara que la Unión Europea le pagara parte de los sobrecostes de la ampliación haciéndolos pasar por una segunda fase de la obra.

La ampliación de El Musel se construyó entre 2005 y 2011. La obra se adjudicó a la UTE Dique Torres (Dragados, FCC Construcción, Sato, Drace y Alvargonzález Contratas) en 499,35 millones de euros. La UE otorgó al proyecto una subvención de 247,5 millones de euros de Fondos de Cohesión, de los que ya ha pagado 198 y mantiene retenidos 49,5. En 2007, el Puerto aprobó un modificado técnico del proyecto que elevaba el presupuesto en 216 millones de euros, fundamentalmente por los sobrecostes derivados de no haber podido explotar las canteras previstas.

El Puerto necesitaba conseguir fondos para pagar los sobrecostes (que a la postre acabarían siendo inferiores al liquidar en 2012 la obra en 708,78 millones, incluyendo 124 de sobrecostes y 86,67 de actualización de precios). El Musel acabaría logrando fondos para pagar los sobrecostes a través de un préstamo de Puertos del Estado, pero antes intentó lograr más financiación europea. Así, solicitó 135 millones de euros más de los ya concedidos de fondos de cohesión y lo hizo presentando el aumento del presupuesto como una segunda fase de la obra de ampliación, no como sobrecostes de la misma.

Una denuncia de Equo y otra de Andecha Astur

La treta fue denunciada ante la Comisión Europea por Los Verdes (Equo). El resultado fue que la UE no sólo rechazó sufragar los sobrecostes de la obra, sino que procedió a revisar todo el expediente de las ayudas que ya había concedido. Cinco direcciones generales de la Comisión dieron su opinión. Especialmente relevante entonces fue el informe emitido por la Dirección General de Mercado Interior en 2009 que consideraba que el Puerto había discriminado a otros licitadores frente a la UTE adjudicataria.

El argumento fue la inclusión en los pliegos un acuerdo de intenciones con Hidrocantábrico para facilitar la explotación de la cantera de Aboño para la obra, dado que uno de los propietarios de dicha cantera era Sato, a su vez parte de la UTE Dique Torres. La DG Regio planteó en 2010 un recorte de 18,36 millones de euros, pero no lo ejecutó.

Por las mismas fechas la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) inició una evaluación preliminar, tras una denuncia de Andecha Astur, que dio paso a la apertura de una investigación formal en 2012. El informe de la OLAF apuntaban a supuestas irregularidades que acabaron derivando en una investigación penal en España en la que los magistrados acabaron descartando aquellas sospechas y dictando una sentencia absolutoria en 2023.

La OLAF también había propuesto a la DG Regio revocar la totalidad de la ayuda a la obra de El Musel, reclamando la devolución de los 198 millones de euros ya pagados y dejar de pagar los 49,5 millones pendientes. La DG Regio asumió ese criterio y volvió a abrir un segundo expediente de corrección financiera, en ese caso por la totalidad de la ayuda. Tampoco lo llegó a materializar.

Uno de los argumentos que empleó la Comisión Europea al asumir en 2014 la propuesta de la OLAF de revocar la totalidad de las ayudas era que España no había interpuesto una denuncia para investigar judicialmente. Ese paso se acabó dando y la tercera propuesta de recorte que ahora plantea llega después de la sentencia absolutoria en la Audiencia Nacional. Y lo hace utilizando varios de los documentos que las acusaciones emplearon como prueba: las actas del Comité de Gerencia de la UTE, un informe de peritas de la IGAE y también el informe de la OLAF. Vuelve a poner sobre el tapete el acuerdo de intenciones con HC, la compra del Alto Aboño y que el Puerto rubricara los documentos de la UTE con HC y Tudela Veguín para explotar sus canteras. El Puerto ha respondido punto por punto a todos los reparos de la UE, que llegan tras la absolución en el juicio penal y también en el que se siguió en el Tribunal de Cuentas.

La próxima protesta en La Calzada, el 3 de diciembre

"Toca pasar a la acción ya". Así se manifestaba ayer Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local, a raíz de la reunión mantenida por la Autoridad Portuaria con la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), con las alternativas de accesos a El Musel sobre la mesa y en la que Nieves Roqueñí, presidenta del Puerto, defendió la vía de Aboño. El forista abogó por que "pronto se inicien las obras para que el Puerto tenga unos accesos dignos y se eliminen los 1.200 camiones diarios que discurren por Príncipe de Asturias". Al hilo de la "unidad" que reivindicó Martínez Salvador, para el 3 de diciembre está prevista una nueva concentración en Cuatro Caminos, convocada por La Calzada.

Suscríbete para seguir leyendo