¿Cómo se decidirá el precio final de la finca de la antigua fábrica de Flex? Cuatro tasaciones antes de cerrar su compra y un descuento
El Ayuntamiento y el dueño del solar acuerdan encargar sus propias valoraciones económicas y que la media resultante de ellas fije el importe final de venta

Vista de los terrenos de Flex. | ÁNGEL GONZÁLEZ
La finca donde se ubicaba la derribada nave de Flex pasará a manos municipales y la actual propietaria del espacio, una entidad bancaria, tendrá que descontar al importe de esa compra el coste de la demolición que ha ejecutado el Consistorio de manera subsidiaria, pero la cifra final tendrá que dirimirse con nuevas gestiones. La última reunión del gobierno local con la dueña del recinto sirvió para revalidar la disposición de ambas partes por sacar adelante la operación, pero el valor actual de ese solar no acaba de cuadrarse y obliga a realizar cálculos nuevos. En concreto, el pacto entre las partes implica que el Ayuntamiento encargue ahora dos tasaciones por su cuenta y que la entidad bancaria haga lo propio por su lado. Del resultado de esas cuatro valoraciones, después, se extraerá una media aritmética que blindará el importe de compra. Para entonces los últimos trabajos de derribo de la nave, hoy en su recta final, estarán terminados.
En junio del año pasado comenzaba la demolición de la vieja nave de colchones. Se cumplían por entonces 58 años desde su inauguración y más de 20 desde su cierre, y la factura del tiempo era evidente. Las voces de alerta de los vecinos de La Calzada, que veían cómo el vandalismo iba destrozando la nave, motivaron ya hace más de una década actuaciones para retirar cristales rotos y tratar de blindar un edificio que los propietarios, tras algún intento de venta infructuoso, fueron dejando a un lado. En estos últimos años, el deterioro había acabado por convertirse en un problema de salubridad y seguridad en el barrio y el y Ayuntamiento declaró en ruina el inmueble en 2024.
Vinieron después varios avisos a la propiedad para que acometiese el derribo y, al no lograrse, el Consistorio licitó la ya casi terminada demolición subsidiaria. Es decir: las arcas municipales de Gijón pagan el coste de tirar la Flex, pero la factura la tiene que asumir después la aún hoy propietaria. Y la factura, tras la última modificación del contrato –que demora la entrega de la obra como tal hasta inicios del mes que viene– es de 818.551 euros, impuestos incluidos. Será eso lo que deba descontarse del valor que se pacte para la finca.
Ahora, entonces, falta por concretar esto último. Había una tasación del solar que rondaba el millón de euros, pero lo flecos para concretar una cifra con el acuerdo de ambas partes siguen pendientes. El gobierno local anunció en noviembre que existía una voluntad por ambas partes, administración y propietaria, para llevar adelante la operación, y desde entonces ha habido varias reuniones. En la última, este mes, fue cuando se decidió hacer esas cuatro tasaciones a medias, según confirman fuentes municipales. Se espera que la gestión no se demore mucho más.
Por lo demás, la hoja de ruta para este rincón de La Calzada se mantiene. El derribo está casi terminado y desde la concejalía de Infraestructuras se trabaja en un proyecto de adecuación provisional del espacio para adecuarlo como aparcamiento. Podrán refugiarse en esta finca, que ocupa 3.652 metros cuadrados según el catastro, unos 150 vehículos a la vez.
Será una obra temporal porque el terreno se enmarca en un ámbito urbanístico más amplio, con otros propietarios, y deberá decidir su futuro con un plan especial que, de acuerdo a la normativa urbanística, permitiría la creación de viviendas, pero no será ese un trámite que pueda acometerse a corto plazo. Y los propios vecinos de La Calzada, a través de la asociación "Alfonso Camín", habían pedido realizar mientras ambas operaciones: la compra del solar y su adecuación como aparcamiento. Cumple así el gobierno, de paso, con su promesa electoral de suplir las alrededor de 300 plazas de estacionamiento que se perdieron con el proyecto de la ecomanzana, un problema para el que la misma asociación vecinal del barrio exigía desde hacía tiempo soluciones. Esa adecuación provisional costará algo más de 200.000 euros y la previsión es que pueda ejecutarse y estrenarse en este año en curso.
La cronología de una finca que había colmado la paciencia vecinal
- La historia. La nave de Flex, histórica fábrica de colchones fundada en 1967, bajó su persiana en 2001 sin lograr un relevo de actividad en su espacio. Tras algún intento de venta que no salió adelante, el inmueble fue quedando abandonado y se convirtió en un foco de actos vandálicos.
- Las quejas. Las quejas vecinales cogieron más volumen a partir de la pandemia. Para entonces, la nave se encontraba ya completamente vandalizada y su estructura parecía irrecuperable. Los problemas de salubridad en el entorno, sumados al temor por la seguridad de la zona, llevaron al Ayuntamiento a declarar el edificio en estado de ruina ya en 2024.
- El derribo. El Consistorio requirió a la propiedad, una entidad bancaria, acometer la demolición de la nave. Hubo varios intentos que no dieron sus frutos y un "ultimatum" con la advertencia ya de que el Ayuntamiento podría acometer la demolición de manera subsidiaria, que fue lo que finalmente se hizo. La obra de derribo, tras la última modificación, cuesta más de 800.000 euros.
- La compra. En noviembre del año pasado, la alcaldesa Carmen Moriyón anuncia el acuerdo con la propiedad para que el solar de la Flex pase a manos municipales. Esa compra es la que está pendiente de formalizarse ahora. Para pactar el importe de venta se ha decidido que el Ayuntamiento haga dos tasaciones y la propiedad otras dos y que de esas cuatro valoraciones se extraiga su media aritmética. Mientras, se trabaja para poder adecuar provisionalmente la finca este año con 150 plazas de aparcamiento, tal y como piden los vecinos.
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