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Arrancan las declaraciones por la desaparición del carbón en el Puerto de Gijón: Telf pide celebrar el juicio en el que reclama 52 millones de euros

La firma insta a reactivar el pleito civil por la desaparición de carbón

La causa penal avanza con la toma de declaraciones a varios directivos

José Manuel del Arco, a la derecha de la imagen, llegando ayer al Palacio de Justicia de Gijón. | ÁNGEL GONZÁLEZ

José Manuel del Arco, a la derecha de la imagen, llegando ayer al Palacio de Justicia de Gijón. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Gijón

Las negociaciones entre la terminal de minerales de El Musel, Ebhisa –cuyo accionista mayoritario es la Autoridad Portuaria de Gijón– y el comercializador de materias primas Telf por la desaparición de instalaciones de Ebhisa de 120.000 toneladas de carbón en 2020 no han llegado a buen puerto. A petición de ambas partes, el juzgado de primera instancia número 10 de Gijón había acordado, el 20 de octubre, suspender por 60 días hábiles la celebración del juicio por la demanda de Telf contra Ebhisa. Sin embargo, el jueves de la semana pasada Telf solicitó al magistrado que reanude la tramitación de esta demanda en la que reclama 52,79 millones a Ebhisa. Mientras, en paralelo al pleito civil, Rl juzgado de instrucción número 1 de Gijón instruye diligencias penales, también tras una denuncia de Telf. Dentro de las mismas, ayer se tomó declaración como investigados, entre otros, al anterior director del Puerto, José Manuel del Arco; a la anterior gerente de Ebhisa, L. H., y al consejero delegado de la compañía consignataria que actuó como agente de Telf en El Musel, J. R..

En cuanto al pleito civil, Telf no agotó el plazo máximo de 60 días hábiles de suspensión del juicio otorgado por el juez, que concluía hoy martes. La nueva fecha para el juicio suspendido en octubre está pendiente de fijar. En lo que respecta a las declaraciones en vía penal, además de los citados también se tomó declaración a otros investigados, en un asunto en el que están encausados cargos de NMR, Ebhisa y el agente de Telf. Se tuvo que suspender la declaración del exdirector de operaciones de Ebhisa al no haber podido acudir su representación letrada por cuestiones de salud. El exdirector del Puerto declinó hacer declaraciones a este diario.

El origen de este asunto se remonta a octubre de 2020 cuando Ebhisa descargó para Natural Mining Resources 1926 (NMR) 160.000 toneladas de carbón que venía en las bodegas del buque "Berge Triglav". NMR no llegó a pagar a Telf los 8,44 millones de dólares pactados por aquel cargamento. Telf intentó asegurarse de que podría recuperarlo, con comunicaciones tanto a Ebhisa –con la que Telf no tenía contrato– como a la consignataria que actuó como agente de Telf en El Musel.

La paralización del juicio civil se produjo a raíz de un informe forense encargado a KPMG por Ebhisa tras el cambio de gestores en el Puerto. Según ese informe, la mayor parte del cargamento había salido de instalaciones de Ebhisa en noviembre de 2020 antes de haberlo despachado en la aduana, y haciendo que constara en los partes internos de la terminal como que era carbón descargado de otro buque, también para NMR. Esta última compañía acabó en concurso de acreedores con un pasivo de más de 170 millones de euros, en lo que la Guardia Civil considera una supuesta quiebra fraudulenta.

Los 52,79 millones de euros que reclama Telf a Ebhisa son por las 120.000 toneladas de carbón que supuestamente salieron irregularmente de sus instalaciones y por el lucro cesante al no haber podido acceder al cargamento del "Berge Triglav" durante años.

Investigación penal por la desaparición del carbón

En cuanto a la investigación penal, Ebhisa también remitió a la fiscalía el informe de KPMG, que a su vez lo aportó al juzgado de instrucción numero 1 de Gijón, que el pasado 18 de julio reanudó las diligencias penales contra socios de NMR, excargos de El Musel, de Ebhisa y de la consignataria que actuó como agente de Telf. Quienes ayer declararon como investigados, ya lo habían hecho ante el juzgado de instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón (localidad de Madrid donde tiene su sede social NMR), que acabó por remitir las diligencias que había practicado al de Gijón al ser el competente. No obstante, en base a recursos presentados por varias defensas, el juzgado gijonés rechazó incorporarlas a su propia instrucción.

Precisamente el juzgado de instrucción 1 de Gijón había sido el primero en abrir diligencias penales en abril de 2023, tras una denuncia de Telf en base a la medición del carbón que quedaba en Ebhisa, que encargó a una compañía especializada. El juzgado gijonés archivó el caso al mes siguiente, al considerar que se trataba de un asunto mercantil. Telf recurrió y al mismo tiempo acudió al juzgado madrileño en el que se investiga la causa principal contra NMR. Con el asunto ya en el juzgado de Madrid, la Audiencia Provincial de Asturias revocó el archivo de la causa decretado por el juzgado gijonés, donde ahora se han repetido las declaraciones de los investigados. El juzgado de Pozuelo remitió al de Gijón todas las diligencias que había practicado.

NMR usó, entre 2018 y 2020, el Musel para transbordos de carbón que compraba en Rusia y países próximos y cribaba y mezclaba con otros carbones en el Puerto. El producto lo enviaba fundamentalmente a Marruecos. Así operó con varios millones de toneladas, dejando deudas con proveedores, suministradores de servicios y clientes con los que no cumplió. La Guardia Civil considera que la operativa con el carbón era una tapadera para obtener créditos bancarios.

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