El drama de una joven gijonesa y su hijo de ocho años, al borde del desahucio: "Que no me dejen en la calle con el niño"

Una incertidumbre que marca su día a día y un temor inevitable a verse obligada a abandonar un hogar que lo es todo para ella. Esas son las sensaciones que, de un tiempo a esta parte, experimenta A . G. V., una mujer de 30 años residente en El Natahoyo, en una vivienda social del Principado, y que se enfrenta a un desahucio cuyo procedimiento acumula varios años de órdenes de lanzamiento, recursos y resoluciones judiciales. La mujer, madre soltera con un niño de ocho años, tiene un único deseo. "Que no me dejen en la calle con el niño", verbaliza.

El piso en cuestión se ubica en la calle La Peña. Fue adjudicado a los progenitores de A. G. V. en 1995. Fallecido el padre de la joven en 2020, Vipasa –entidad que gestiona las viviendas públicas del Principado– envió una carta con el anuncio de que no se renovaría el contrato de arrendamiento. Se dio un plazo para dejar la casa pero la familia permaneció. No tenían una situación económica boyante. De hecho, la madre de A. G. V. cobraba el Salario Social. El Juzgado acordó el desahucio, si bien, tras la petición de una suspensión extraordinaria del lanzamiento, concedió a los afectados una "prórroga" de cuatro meses.

La Audiencia Provincial suspende entonces el procedimiento de desahucio hasta el 31 de diciembre de 2024, como establecía un Real Decreto-Ley. Añadía que el lanzamiento solo se reanudaría en 2025 a petición expresa del Principado. En mayo del pasado año falleció la madre de A. G. V, a causa de un cáncer. Una losa más a una momento muy complicado. "A día de hoy no lo he superado", confiesa la mujer al borde de las lágrimas. El Principado solicitó la reactivación del proceso "sin aportar los documentos de una posible conciliación", apunta Pedro Muñiz, abogado de la familia. En ese sentido, señala que esa conciliación, recogida en la Ley de Vivienda, radica en ofrecer una alternativa habitacional. Confía Muñiz en que la recién aprobada moratoria de los desahucios a familias vulnerables sin esta alternativa habitacional suponga una esperanza para A. G. V., que cobra poco más de 670 euros del Salario Social.

No esconde la joven su situación. "Lo llevo mal; no sabes si te van a echar, si no... Y además no es por mí, es por el niño", relata A. G. V., vecina de siempre del Natahoyo, alumna primero del colegio Santa Olaya y después del instituto Emilio Alarcos. Irónicamente dado lo que ocurriría tiempo después, a la joven le llamaba la atención la profesión de jueza de cara al futuro. Realizó varios cursos, de peluquería, mecánica o jardinería, pero nunca llegó a tener un trabajo. Todo se juntó más tarde: el conflicto judicial por la vivienda, la muerte de sus padres, la escasez de recursos... No ha sido fácil a nivel emocional. "Me lo fui comiendo yo para mí misma, sola", afirma la mujer, que recuerda emocionada cómo se preocupaba su madre por ella y por su nieto. "Que le den otra casa pero que no la echen", repetía.

Con los ingresos económicos que percibe, A. G. V. subsiste "como se puede". Los planes de ocio son prácticamente inviables para la vecina, que trata de evadirse de todo con amigos y con el crío.. También intenta ni pensar en lo que sucedería de fructificar un desahucio. "No quiero ni imaginarlo", asegura. "Lleva en una vivienda social toda la vida y tiene derecho a ella", reivindica su abogado Pedro Muñiz, que carga contra la Consejería de Ordenación del Territorio, encabezada por Ovidio Zapico (IU), por seguir adelante con este lanzamiento cuando en octubre de 2023 anunció la paralización de numerosas órdenes de desahucio de Vipasa. "Hay que ser coherentes con lo que se dice", indica Muñiz. El letrado recalca que, en caso de proseguir con el trámite, es indispensable brindar una alternativa habitacional a la afectada, aunque, si por ella fuera, esta continuaría en el piso donde nació y creció, donde sigue criando a su hijo, el principal motivo por el que lucha. "Aquí lo tengo todo", sentencia.

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