El Ayuntamiento de Gijón denegará la licencia para construir dos parques de baterías de Iberdrola en el polígono de Lloreda

El concejal de Urbanismo, y portavoz del grupo municipal de Foro Asturias, anunció este lunes que el Ayuntamiento de Gijón va a denegar la licencia para construir parques de baterías proyectados en el polígono industrial de Lloreda. Allí Iberdrola ha tramitado la construcción de dos parques, al menos uno de los cuales ya completó el procedimiento ambiental. El edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, explicó que los requisitos impuestos por el Principado al proyecto para su autorización ambiental son incompatibles con las condiciones del Plan Especial de Lloreda para que se instale en el mismo una actividad industrial.

Martínez Salvador hizo este anuncio durante un encuentro en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV) al que acudieron representantes de todos los grupos municipales salvo Vox, junto a representantes vecinales de la zona urbana y de la rural para analizar las reclamaciones del colectivo vecinal para exigir limitaciones a los emplazamientos en los que se pueden instalar baterías.

En el caso del polígono de Lloreda el gobierno local ha encontrado un argumento jurídico consistente para frenar los parques de baterías, argumentos que no acaba de encontrar para otros emplazamientos de Gijón.

La clave es el Plan Especial del Polígono de Lloreda, que establece limitaciones a las actividades industriales que se pueden implantar en el mismo, señalando que no pueden ser molestas, insalubres, nocivas o peligrosas o que, de serlo "admitan medidas correctoras sencillas y seguras y nosotros interpretamos de lo que se ve del resultado del informe de impacto ambiental del proyecto, nos dice exactamente lo contrario" ya que hay que tener especial atención en esas cuestiones. De ahí que en este caso, señala Martínez Salvador, "tenemos toda la argumentación para no conceder la licencia para ningún parque de baterías en el polígono de Lloreda".

Medidas correctoras

Martínez Salvador enumeró que entre las medidas impuestas por el Principado en el trámite ambiental se alude a medidas correctoras "muy importantes" para el aislamiento acústico, campos electromagnéticos, infiltraciones de componentes contaminantes y un plan de autoprotección con especial hincapié en las medidas antiincendios, y además señala que el proyecto se tramitará conforme al reglamento de instalaciones técnicas de alta tensión. "Y, a mayores, es una actividad que no está contemplada en el Plan Especial del polígono de Lloreda ni tampoco en el PGO", señaló el edil.

El edil de urbanismo señaló que si ante propuestas llevadas al pleno por los grupos municipales de izquierdas para poner restricciones a los parques de baterías han votado en contra es "porque no veíamos clara la forma, no porque no compartamos el que no queramos que haya parques de baterías al lado de viviendas", tal como insistieron ayer en reclamar los representantes vecinales. "Eso requiere una tramitación jurídica que, a día de hoy, los técnicos municipales y asesores jurídicos no hemos encontrado: no permitir la ubicación de baterías a equis metros de viviendas, jurídicamente no es sostenible", indicó Martínez Salvador.

En el caso del polígono de Lloreda sí "hemos visto una fórmula que nos va a permitir que no exista ningún parque de baterías y lo podemos hacer sin hacer ninguna modificación" del planeamiento urbanístico, abundó.

El coloquio en la sede vecinal se inició tomando como base el documento elaborado por la FAV en el que piden impulsar la modificación del PGO para regular medidas de seguridad que delimiten dónde no se pueden implantar parques de baterías, impidiendo que aunque se trate de suelo industrial no se autoricen si están próximas a viviendas. También plantean promover una moratoria urbanística temporal, que el Ayuntamiento inste al Principado a aprobar normativa que aplique criterios homogéneos en todo el territorio; solicitar que hasta la aprobación de un marco normativo autonómico y municipal se impida la implantación de nuevos parques de baterías en Gijón y se garantice la participación vecinal y la transparencia durante todo el proceso de elaboración.

Musel

Además de este documento, tanto el presidente de la FAV, Manuel Cañete, como el también dirigente vecinal José Luis Rodríguez Peón, criticaron que en El Musel se reserve suelo para "un enorme parque de baterías", que puede sufrir incendios y se va a implantar cerca de zonas de almacenamiento de combustible como la regasificadora y parques de carbones, además de estar próximas a los barrios del entorno. "El Puerto no es suelo industrial, espero que el Ayuntamiento lo luche", señaló Martínez Peón. Los vecinos recordaron que el Puerto cuenta con representación municipal. También se posicionó en ese sentido el presidente de la federación vecinal de la zona rural "Les Caseríes", José Luis García Nicieza. Los representantes socialistas en el encuentro abogaron por organizar otro debate sobre El Musel, en lugar de mezclarlo con el relativo a las modificaciones en el PGO y medidas urbanísticas en las zonas industriales del conejo que sí son competencia municipal.

Los representantes de los cinco grupos municipales se alinearon con los planteamientos vecinales respecto a la necesidad de restringir los lugares en los que se pueden implantar parques de baterías. Pero a izquierda y derecha discreparon respecto a cómo llevarlo a la práctica. Al igual que el representante de Foro, el edil del PP, Abel Junquera, consideró que "una moratoria debe apoyarse sobre argumentos sólidos para que se sostenga", mientras que la izquierda considera que la moratoria puede aplicarse ya.

José Ramón Tuero, edil del PSOE, recordó las iniciativas de las tres formaciones de izquierdas en "dos años de debate en Pleno y comisiones" municipales enlíneaa con lo que reclaman los vecinos. Entre otras cosas mencionó su respaldo a que se aplique una moratoria "para intentar cambiar el PGO".

Zalia

El portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, señaló que para aplicar una moratoria basta con "ligarla al estudio de la modificación de una normativa", con se hizo en su día con la moratoria de viviendas turísticas. El mero hecho de que se inicie un estudio ya da pie a establecer una moratoria, con independencia del resultado de ese estudio. Se trataría de una fórmula para ganar tiempo para que otras administraciones legislen al respecto.

Desde IU también se considera que a la hora de conceder licencias el Ayuntamiento puede imponer "medidas correctoras que hagan que no sean rentables las inversiones" para las empresas que quieren instalar parques de baterías en suelo industrial próximo a viviendas.

Además de reclamar también una moratoria, la edil de Podemos, Olaya Suárez, apuntó que un espacio industrial que podría ser adecuado para instalar parques de baterías al no estar próximos a viviendas son los terrenos de la Zalia.

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