Los argumentos de Gijón ante el Defensor del Pueblo para sacar los camiones de La Calzada: la salud, el impacto ambiental, ruido...

Un archivo de informes que acreditan "implicaciones relevantes para la salud pública" en la zona oeste vinculadas al tráfico pesado y una recopilación de las cartas enviadas desde Gijón al Gobierno de España por los pendientes accesos a El Musel, todas sin respuesta. La alcaldesa Carmen Moriyón viajó ayer hasta Madrid para dejar en la sede del Defensor del Pueblo una queja formal, acompañada de una batería de documentos y justificantes, en lo que se presenta como un nuevo intento por parte del gobierno local para agilizar el plan de accesos al Puerto y, sobre todo, para crear alternativas viables que permitan liberar la avenida Príncipe de Asturias de camiones. "Esto no es simplemente una infraestructura más; es algo que afecta directamente a la salud de las personas que viven no solo en la avenida Príncipe de Asturias, sino en toda la zona oeste y en Gijón", razonó la Regidora.

Acudir al Defensor del Pueblo supone, a juicio de la forista, ratificar el compromiso adquirido por ella misma en nombre del gobierno el pasado febrero, en sesión plenaria, y en respuesta a la queja que llevaba ante la corporación la asociación vecinal de La Calzada, que lleva tiempo abanderando el problema de los accesos al Puerto como una cuestión de salud por la polución y los ruidos.

"En aquel momento me comprometí a consultar con la secretaria general la viabilidad de presentar una queja ante el Defensor del Pueblo", explicó esta vez la Regidora, que insistió en que la queja se presenta por la "inacción" del Ministerio de Transportes tanto a la hora de activar alternativas al fallido vial de Jove como a la de responder a las varias misivas enviadas por la forista en los últimos meses. La secretaría general ratificó después la idoneidad de iniciar este trámite.

"No vale trasladar el problema a otro barrio"

Moriyón considera que con los informes recabados queda acreditado que el tráfico pesado por Príncipe de Asturias "afecta directamente a la salud de las personas". "Es una prioridad y tenemos que tener ese empeño. No podemos rendirnos en intentar sacar esos 1.000 camiones de La Calzada. Y no vale trasladarlos a otro barrio; hay que dar una solución", reafirmó la Regidora, haciendo referencia, se entiende, a la propuesta socialista de derivar más tráfico por Aboño.

En el despacho del Defensor del Pueblo descansa ahora una carpeta corporativa del Ayuntamiento de Gijón con una carta y ocho anexos. La carta es la queja como tal, de siete páginas, que se cierra con la conclusión de que existe una "inacción de la Administración General del Estado en la defensa y preservación de los derechos fundamentales" de los vecinos de Príncipe de Asturias. Se ruega a esta entidad que admita a trámite la queja y que, en caso de inadmitirla, se indique "cuáles son las vías más oportunas" para dar traslado del caso.

Los datos medioambientales

El informe de la secretaría general, por su lado, hace un repaso histórico a la gestión del vial de Jove, desistido oficialmente hace ahora dos años y recalca que el Ayuntamiento "carece de competencia en relación con las infraestructuras terrestres de acceso al Puerto". También resume el contenido del informe ambiental, donde se detalla una elevada presencia de partículas en suspensión (PM10) que se "resuspenden" en el aire con el paso de camiones y donde se habla de problemas de ruidos en todo el entorno de la avenida.

Acredita el Consistorio ante el Defensor del Pueblo cuestiones como que "existe una superación clara y generalizada" de los máximos legales de ruido, tanto de día como de noche, con excesos que alcanzan los 15 decibelios. También se habla de que la circulación de vehículos pesados con mercancías peligrosas por una zona densamente poblada puede suponer un problema de "emergencia civil" ante el riesgo de vertidos o explosiones.

Este documento se entrega ahora al Defensor del Pueblo como anexo y junto a la acreditación formal de las competencias de Moriyón como alcaldesa. También tres informes internos, el ya citado de Medio Ambiente y dos de Urbanismo en los que se repasan los trámites de expropiaciones de terrenos realizados a nivel estatal para el vial de Jove. Se entregan también como anexos una transcripción del Pleno de febrero con las declaraciones de Moriyón y Carlos Arias, presidente vecinal de La Calzada, así como las cartas sin respuesta enviadas al ministro Óscar Puente o a su equipo y también al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. La primera misiva que se recopila es de marzo de 2024 y dirigida a José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes. La última, al mismo interlocutor, data del pasado enero.

El octavo documento de apoyo es un informe de la dirección general de Alcaldía que resume estos intentos de interlocución y donde se refleja también que ni el Ministerio de Transportes ni Puertos del Estado han atendido a las invitaciones para acudir al consejo social ni a la comisión de trabajo que se creó por el vial de Jove. "La asistencia de la señora presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón a una única sesión del consejo social (del que no es miembro y a la que no había sido invitada) se produjo en una sesión en la que no se trataba el asunto de los accesos al Puerto de El Musel", se dice.

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