Moriyón insiste en que Barbón cese a Roqueñí al frente del Puerto: "Tengo el deber político y moral de reclamar lo mejor para Gijón"

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, recogió este martes el guante que le lanzó el gobierno asturiano para que dijera si respaldaba la petición de dimisión de la presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, que había hecho el portavoz del gobierno local gijonés, Jesús Martínez Salvador, tras el informe de la Inspección General de Servicios del Principado sobre las deficiencias en el servicio de inspección minera en la etapa por la que en al frente de la Consejería de Industria pasaron tres consejeros, uno de ellos Roqueñí. Moriyón, acompañada por el diputado de Foro, Adrián Pumares, refrendó la postura del gobierno local gijonés. Entre otros argumentos, la Alcaldesa recordó que el presidente del Principado, Adrián Barbón, envió el informe a la Fiscalía y "cuando se envía algo a la Fiscalía desde la institución es porque, cuando menos, se entiende que puede haber alguna cuestión constitutiva de delito. ¿Cómo se entiende que quien hace eso luego siga respaldando en cargos de alto nivel a las personas que durante ese tiempo fueron conocedoras absolutamente de ese desmantelamiento y lo consintieran?", señaló.

Mientras Pumares pidió responsabilidades al propio Barbón y a los exconsejeros que están en cargos públicos como el presidente Hunosa, Enrique Fernández, y Roqueñí, la Alcaldesa concentró sus andanadas en esta última.

"Como alcaldesa de Gijón tengo el deber político y moral de reclamar lo mejor para Gijón y no tengo ninguna duda de que eso sólo pasa por exigir que quienes tuvieron responsabilidades en hechos tan graves como los que hoy conocemos no asuman la dirección de una infraestructura crítica para la ciudad y para Asturias. Por eso sí, el Ayuntamiento de Gijón como institución y como representante de la ciudad y como alcaldesa, y yo como Alcaldesa del mismo, exigimos el cese de Nieves Roqueñí", apuntó Moriyón, para quien el nombramiento de Roqueñí como presidenta de El Musel sólo obedeció a la necesidad de sacarla del gobierno regional buscándole un acomodo.

Aunque hubo alusiones al envío a la Fiscalía del informe de la Inspección General de Servicios del Principado, en la comparecencia conjunta, Moriyón -quien señaló que además de como Alcaldesa también se pronunciaba como presidenta de Foro Asturias- y Pumares matizaron que lo que están pidiendo es la asunción de responsabilidades políticas.

Entre las andanadas que lanzó la regidora gijonesa contra la presidenta de El Musel por su etapa como al frente de la Consejería de la que dependía la Dirección General de Minas, estuvo la de recordar que la presidenta del Puerto "no es abogada ni es economista. Es que estamos hablando de un departamento que es su profesión, porque ella es ingeniera de minas".

Moriyón considera que en este asunto el gobierno de Asturias "ha perdido la credibilidad" y negó las acusaciones que formuló el Consejero de Presidencia, Guillermo Peláez, acusando al gobierno local gijonés de hacer "uso partidista" de este asunto.

"Yo creo que intereses partidistas aquí hay bien pocos. Estamos ya casi a un año de que finalice la legislatura y están todas las cartas en la mesa. Ya se sabe quién es quién y quién tiene cada responsabilidad. Y la Presidenta de la Autoridad Portuaria vino a desempeñar un cargo porque tenía que ser relegada del Gobierno del Principado de Asturias porque ya no podía estar más ahí. Y le dieron una vía de salida a la Autoridad Portuaria", replicó la Alcaldesa.

Moriyón sostiene que Foro Asturias ya venía denunciando la situación que se vivía en la Dirección General de Minas del Principado antes de que dos accidentes mortales acabaran con la vida de seis mineros. El más grave, el de Cerredo, hace un año. "Creo que hemos sido bastante respetuosos durante todo este tiempo. Porque hace un año en la tragedia y estamos hablando a raíz de un informe que es demoledor. Un año ha pasado ya y ahora es cuando decimos que ya está bien", remató la Alcaldesa.

Funcionarios

Pumares, por su parte, quiso librar a los funcionarios de responsabilidad en el "caos" del servicio de minas del Principado puesto de manifiesto en el informe de la Inspección General de Servicios. "El presidente Adrián Barbón tiene en su poder desde hace ya aproximadamente un mes un informe de la Inspección General de Servicios que es absolutamente demoledor, que denuncia el caos que atraviesa el servicio de minas del Principado de Asturias, pero un caos que no nace fruto de la casualidad ni que tampoco nace fruto de los funcionarios. En la Administración Autonómica, tenemos la suerte de contar con unos funcionarios que se dejan la piel desarrollando su labor, pero que desgraciadamente no han estado respaldados por los responsables políticos", opinó.

Pumares insistió en reclamar a Barbón que se someta a una moción de confianza en el parlamento autonómico, al considerar que la supresión del servicio de Seguridad Minera que el exconsejero Enrique Fernández vinculó a un planteamiento de la Consejería de Hacienda, con lo que "se había tomado esa decisión por cuestiones económicas y que además se había hecho de manera colegiada. Por lo tanto, si se toma una decisión de manera colegiada, el responsable de esa decisión es el Presidente del Principado de Asturias", señaló Adrián Pumares.

Para el diputado de Foro también es "especialmente grave" que sigan ocupando cargos públicos dos de los tres exconsejeros bajo los que estuvo la Dirección General de Minas en el periodo analizado: Roqueñí y Enrique Fernández.

Poco después de la comparecencia de Moriyón y Pumares se pronunciaron los socialistas de Gijón por boca de su secretario general, Monchu García. “Parece mentira que los dos únicos condenados por la justicia, Carmen Moriyón por mal uso de dinero público, y Adrián Pumares por revelación de datos, vengan a dar lecciones de decencia”, señaló.

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