El Puerto de Gijón viaja a Bruselas para "desbloquear" los 49,5 millones de ayudas pendientes por su ampliación

La Autoridad Portuaria de Gijón viajó este miércoles a Bruselas con la pretensión de "avanzar en la liquidación definitiva" de las ayudas al proyecto de ampliación del Puerto, que dejaron pendientes de abonar 49,5 millones de euros "pese a la claridad y contundencia" de la resolución judicial que exculpó en 2023 a los acusados del llamado "caso Musel" y tras una investigación por supuestos sobrecostes irregulares que quedó en nada. "El objetivo y la prioridad de la Autoridad Portuaria de Gijón es el desbloqueo definitivo del expediente europeo y el cobro íntegro del saldo final de la ayuda comunitaria", señaló Nieves Roqueñí, presidenta del Puerto.

La responsable viajó acompañada de su director, José Luis Barettino, y arropados ambos por técnicos de la administración estatal. Señala el Puerto, de hecho, que la de ahora se trata de una "actuación coordinada" entre ambas administraciones en busca de "una defensa activa y alineada en todas las estancias".

Se trató de una reunión técnica con representantes de la dirección general de Política General y Urbana de la Comisión Europea, del Ministerio de Economía y Hacienda y de Puertos del Estado. El foco de debate sigue siendo el mismo: la ayuda del Fondo de Cohesión que aún hoy deja pendiente de abono 49,5 millones. "En la reunión se constató que, a pesar de las resoluciones del Tribunal de Cuentas y, de manera especialmente relevante, de la sentencia de la Audiencia Nacional de julio de 2023, no se había articulado hasta ese momento una actuación sostenida y eficaz orientada a exigir el cumplimiento de dichas resoluciones", asegura la Autoridad Portuaria, que insiste en que los juzgados han confirmado "de forma inequívoca" que la contratación y ejecución de la ampliación del Puerto "se desarrolló plenamente conforme a la legalidad vigente".

"La sentencia de la Audiencia Nacional desacreditó expresamente el informe de la OLAF que dio origen al procedimiento y que había sustentado durante años la posición de las partes acusadoras, al concluir que carecía de una base técnica y jurídica mínimamente sólida", defiende el Puerto, que explica que pese a la "contundencia" del fallo, emitido en julio de 2023 (antes de la llegada de Roqueñí a la presidencia portuaria), éste "no fue trasladado a las autoridades europeas hasta transcurridos más de ocho meses".

Eso motivó, a juicio del Puerto, que la Comisión Europea presentase en julio de 2025 una nueva propuesta de cierre del proyecto donde ya reducía la corrección de su ayuda, que inicialmente quiso eliminar en su totalidad (247,5 millones). Desde entonces se habla de reducir esa subvención en 32,7 millones, que se descontarían de los 49,5 pendientes de pago. Pero dice la Autoridad Portuaria que esa propuesta "seguía fundamentándose en supuestas irregularidades basadas en los informes periciales ya desautorizados por la Audiencia Nacional", y que por eso el Puerto rechazó esa propuesta y pidió una reunión técnica. De ahí el viaje de este miércoles. "Se trata de la primera interlocución directa del Puerto de Gijón con la Comisión Europea en más de quince años", defiende.

La cita se saldó con el acuerdo de "intercambiar documentación adicional" entre las partes para "aclarar determinados aspectos sobre los que aún subsisten dudas". "Asimismo, la Comisión Europea deberá pronunciarse sobre las cuestiones de fondo y de forma planteadas por la delegación española, entre ellas la prolongación injustificada del expediente durante más de quince años, una circunstancia que podría vulnerar los principios de buena administración", señala la Autoridad Portuaria, que valora la reunión "de forma positiva" y señala confiar "en que el trabajo técnico y coordinado permita culminar el cierre definitivo del expediente en el menor plazo posible".

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