El Defensor del Pueblo responde a Gijón por los accesos a El Musel: la denuncia debe ser vecinal

Tendrán que ser los vecinos quienes, de manera directa, denuncien ante el Defensor del Pueblo la situación de parálisis en la que el Ministerio de Transportes mantiene el desarrollo de los comprometidos accesos a El Musel y las consecuencias negativas que ello conlleva para la ciudadanía en cuanto a la continuidad del paso de más de mil camiones al día por la avenida Príncipe de Asturias. Así se le ha comunicado desde la entidad que preside Ángel Gabilondo a la Alcaldesa, Carmen Moriyón, que el pasado 31 de marzo presentaba personalmente en la oficina del Defensor del Pueblo, en Madrid, una queja por la "inacción" estatal en este asunto tras darse marcha atrás al ya casi contratado vial de Jove soterrado.

"De acuerdo con la Constitución y su ley de creación queda fuera de las funciones del Defensor del Pueblo atender la disconformidad de una administración con el ejercicio de sus competencias por parte de otra administración distinta", se puede leer en la respuesta recibida en el Ayuntamiento de Gijón. Respuesta donde se le recuerda al Ayuntamiento que, como administración, tiene disponibles otros cauces dentro de la legislación pero que ello no significa que "los asuntos que se plantean en su queja no puedan ser objeto de atención por esta institución". En el escrito del Defensor del Pueblo se concreta, eso sí, que presentar esta queja corresponde a "cualquiera de los vecinos del municipio" y que lo pueden hacer "de manera directa y sin la intermediación del Ayuntamiento".

Ante esta situación, la decisión del gobierno que lidera la forista Carmen Moriyón es poner de manera inmediata a disposición de los vecinos que quieran llevar el asunto al Defensor del Pueblo todos los recursos jurídicos y administrativos del Ayuntamiento. Además, se les ofrecerá también toda la documentación que los servicios municipales han ido recabando para acreditar los problemas de salud y medioambientales que ese tráfico pesado genera en la ciudad. Y sobre todo en la zona oeste y en el barrio de La Calzada, cuya asociación de vecinos lidera desde hace meses una serie de movilizaciones para exigir la solución a este problema.

De hecho, el compromiso de la Alcaldesa de recurrir al Defensor del Pueblo se concretó en la sesión plenaria del pasado mes de febrero tras escuchar las reivindicaciones de los vecinos de La Calzada, a través del discurso ante los 27 concejales de la Corporación del presidente de la asociación vecinal "Alfonso Camín", Carlos Arias. Aunque con matices sobre las acciones a ejecutar a corto plazo, todos los partidos con presencia en el salón de plenos –PSOE, Foro, PP, Vox, IU y Podemos– se han posicionado a favor del fin del paso de camiones por el corazón de uno de los mayores barrios de la ciudad. Y de los más contaminados. De hecho, la zona oeste tiene su propio protocolo por contaminación.

Las cartas sin respuesta a Pedro Sánchez y óscar Puente

En la documentación dejada por la Alcaldesa de Gijón en la oficina del Defensor del Pueblo había informes del área de Medio Ambiente donde se da cuenta de las condiciones de polución y ruido que genera el paso de camiones por Príncipe de Asturias pero también de los problemas de una posible emergencia civil por vertidos o explosiones en una zona densamente poblada. Y del servicio de Urbanismo explicando las expropiaciones de terrenos ya practicadas en favor del vial de Jove.

Moriyón también presentó un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento repasando el devenir histórico del proyecto del vial de Jove. Y, como complemento, las cartas enviadas desde el Ayuntamiento, y sin responder, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. Documentación que ahora podrán hacer suya los vecinos.

Ante la futura queja presentada desde el ámbito vecinal el compromiso del Defensor del Pueblo, tal y como se le transmite en la misiva enviada a la Alcaldesa es que, "si se advierte la presencia de indicios de una actuación irregular o contraria al ordenamiento jurídico por parte de una Administración pública -incluido ese ayuntamiento en el ejercicio, o en su ausencia, de las competencias referidas- el Defensor del Pueblo podrá iniciar una investigación sobre tales hechos y, eventualmente, en el caso en que proceda, dirigir a la Administración de que se trate una Resolución sobre los mismos".

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