Arranca en Gijón el primer juicio por la desaparición del carbón del Puerto: Ebhisa defiende que su labor es el control aduanero y no la guardia y custodia de la mercancía

"Una cosa es que los exempleados permitieran evadir controles aduaneros y otra que Ebhisa participase en la desaparición del carbón". Los abogados de Ebhisa intentaron ayer con estas palabras desvincular la salida irregular de sus instalaciones de 120.000 toneladas de carbón (supuestamente en noviembre de 2020) de la desaparición del mismo. Esa desaparición del mineral es algo que consideran imputable sólo a Natural Mining Resources (NMR), la compañía por cuenta de la que Ebhisa desestibó en octubre de 2020 las 160.000 toneladas de carbón del buque "Berge Triglav", pero sin que NMR llegase a pagar nunca el precio pactado a Telf. Esta última empresa reclama ahora a la terminal, participada mayoritariamente por el Puerto, 51,91 millones de dólares (47,87 millones de euros al cambio) por los daños, un cálculo que la defensa tildó de "exageradamente inflado". Desde Telf, en cambio, se sostiene que Ebhisa intervino a sabiendas en la desaparición del carbón, ocultó a Telf lo que había pasado y le puso trabas a recuperar las 39.000 toneladas que aún seguían en sus instalaciones.

La prueba en el juzgado de Primera Instancia número 10 de Gijón se celebró ayer tras la insistencia de Telf, a pesar de que el magistrado les había ofrecido la posibilidad de que solicitaran la suspensión de este juicio hasta que culmine la investigación penal por estos mismos hechos. Esa investigación se instruye en otro juzgado gijonés contra directivos de NMR, exdirectivos de Ebhisa y de la Autoridad Portuaria de Gijón –entre ellos el expresidente Laureano Lourido– y directivos y empleados de una de las estibadoras y consignatarias de El Musel que prestó servicios a NMR y que también fue agente de Telf en el Puerto.

La abogada Irene Arévalo, del bufete Gómez Acebo, que representa a Telf, aludió con profusión al informe forense encargado a KPMG por la nueva dirección del Puerto que señala que las 120.000 toneladas desaparecidas habrían salido de manera supuestamente irregular de Ebhisa en camiones cargados por personal de la terminal, entre el 4 y el 27 de noviembre de 2020 haciéndolo pasar por el cargamento de otro barco, el "Zeus". También apuntó a la decisión de Ebhisa de renunciar a que declararan como testigos dos exdirectivos de Ebhisa y el Puerto, que fueron despedidos en base al informe de KPMG. Ebhisa también renunció a un informe pericial previo al de KPMG. La abogada consideró contradictorio que Ebhisa defendiera ayer que no tenía responsabilidad alguna en lo ocurrido con el carbón de Telf, con las conclusiones del informe que la propia empresa encargó a KPMG, insistiendo en que la actuación de la empresa pública había sido dolosa o al menos negligente.

Mientras, Gonzaga Guerrero, del bufete CMS, que representa a Ebhisa solicitó al magistrado que no dicte sentencia hasta que haya antes una penal en la que se aclare quién participó en la desaparición del carbón y en qué fecha. Insistió en que la labor de Ebhisa es el control aduanero de las mercancías no su guardia y custodia, incidiendo en que Ebhisa no tenía ningún contrato de ese tipo con Telf, mientras que sí lo tenía la compañía consignataria del "Bergé Triglav", a la que Telf no demanda civilmente. Atribuye la demanda contra una empresa estatal como Ebhisa a un intento de Telf de cobrar ante la insolvencia de NMR tras haber quebrado y la "dudosa solvencia" de la consignataria. Como argumento para desvincular la salida irregular del carbón del "Bergé Triglav" de la desaparición de 120.000 toneladas del mismo, apuntó que Ebhisa ya había hecho la misma operativa con otro cargamento de Telf también descargado por cuenta de NMR (el del buque "Aquamarine"), sin que el carbón desapareciera.

Un directivo de esta consignataria, F. J. G. H., que es uno de los investigados tras la denuncia penal interpuesta por Telf por la supuesta apropiación indebida de sus 120.000 toneladas, declaró ayer como testigo, a propuesta de Telf, en este pleito civil contra Ebhisa. Explicó que ellos avisaron a Ebhisa y a Telf cuando se percataron de que el carbón había sido despachado en la aduana por un agente de Murcia (como depositario de la mercancía figuraba NMR) y que ellos se limitaron a pedir a Ebhisa certificados de que el carbón seguía en sus instalaciones. También señaló que avisaron cuando el carbón se trasladó desde Ebhisa hasta su explanada trasera, que el Puerto había autorizado a explotar a la empresa consignataria y que esta a su vez la había cedido a NMR "en exclusiva".

Visita a las pilas de carbón con Lourido

Otro de los testigos fue el asesor jurídico general de Telf y consejero de la empresa, Vadim Ardatovskiy, quien señaló que visitó las instalaciones de Ebhisa en septiembre de 2022, "pude ver muchas pilas de carbón y Laureano Lourido me confirmó que todo el carbón estaba ahí", indicó. Afirmó además que habían asegurado la carga, pero que el seguro se negó a indemnizar a Telf al considerar que la reclamación se efectuó tarde.

En la sesión, que se prolongó durante cinco horas, también declararon tres peritos. César Aiyón opinó que Ebhisa, como titular del depósito aduanero en el que estaba el cargamento de Telf, estaba obligada a saber dónde estaba la mercancía y su cantidad y consideró que por autocombustión –el mineral de Telf sufrió un episodio de este tipo–, a lo sumo se podría haber perdido un 5% del cargamento ya que "si ardieran 100.000 toneladas donde estaban, tendrían que haber evacuado todo Gijón".

Los otros dos peritos –Bruno Roch y Vicente Estrada–, uno por cada parte, se centraron en la valoración del daño, para cuantificar la indemnización en el caso de que Ebhisa resultara condenada.

El de Telf, cifró la cuantía en 51,91 millones de dólares, de ellos 26,5 por derivados financieros que el perito de Telf dice que ésta suscribió vinculados al cargamento del "Berge Triglav" para cubrirse ante la fluctuación del precio carbón. En otros 19 millones de dólares es cómo valoró las 120.000 toneladas desaparecidas. Otra de las partidas que reclaman es por no haber podido disponer de las 39.000 toneladas que quedaban hasta 2025. El acceso a ese cargamento estuvo sometido a sucesivos trámites legales y pleitos.

El perito de Ebhisa cuestionó la reclamación por los derivados financieros, considerando que se debían a "especulación" de Telf. Cuestionó que fuera necesario cubrir con esos instrumentos un riesgo cercano a los 27 millones de euros "para cubrir existencias valoradas en 9 millones" que fue el precio del mineral pactado entre NMR y Telf. También apuntó que las 39.698,70 toneladas que pudo recuperar Telf fueron vendidas a García Munté Energía por 3,5 millones de dólares, precio superior al que habría pagado en 2020 NMR. En cuanto a las 120.000 toneladas desaparecidas, también cuestionó la valoración.

Este perito, Vicente Estrada, consideró que "cuando se espera obtener en una operación 300.000 euros de beneficio, chirría que se reclamen 52 millones" de dólares de indemnización. La primera cifra la determinó en base a los márgenes que manejan los intermediarios internacionales de carbón. En base a su testimonio, la defensa también apuntó que pedir una indemnización por el carbón y otra por el instrumento financiero para cubrirse frente a la fluctuación del precio es "duplicar la reclamación".

Además de la investigación penal y de este pleito civil, el asunto del carbón desaparecido en El Musel también colea en los juzgados de lo social, después de que Ebhisa despidiera por estos hechos a varios trabajadores que habían ocupado puestos de responsabilidad en la empresa y en el Puerto.

De todos estos asuntos judiciales, el de más trascendencia para el futuro de Ebhisa puede ser el de la responsabilidad civil que se le exige. Una condena podría acabar llevando a la compañía pública a la quiebra o al menos ponerla en serios aprietos económicos, en función de la cuantía a pagar.

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