Otra zona de bajas emisiones en el Centro e igualar en la del Oeste a los vecinos de Veriña, Tremañes y Jove con los de La Calzada: las propuestas de la izquierda para la nueva ordenanza

Veinticinco es el número que suman las enmiendas presentadas por IU y Podemos a la ordenanza elaborada por el gobierno local para regular la zona de bajas emisiones de La Calzada. Son las únicas enmiendas que tendrán que analizar los técnicos tras la decisión del PSOE de no presentar nada a una ordenanza que entienden elaborada "en fraude de ley" y de Vox de pedir la anulación íntegra del documento para su reformulación total. IU y Podemos han decidido participar en el proceso con la intención de darle la vuelta por completo a la normativa que se defiende desde la concejalía de Tráfico, que lidera el forista Pelayo Barcia. Incluso en su propia delimitación geográfica.

Así, IU no se limita en sus enmiendas a hablar de la ZBE de La Calzada. Suma la del Centro llevando al documento normativo las dos zonas de bajas emisiones que vienen fijadas en el Plan de Movilidad Sostenible. Y en cuanto a La Calzada, no se plantean en las iniciativas de ambos partidos cambios en el perímetro físico de la zona, pero si se amplía a los empadronados en Jove, Veriña y Tremañes las mismas condiciones de acceso que ahora el proyecto de ordenanza fija solo para los vecinos de La Calzada.

"Como negacionista confeso que es, el concejal nos ha presentado una ordenanza para trolearnos a todos y lo que nosotros presentamos son 10 enmiendas para trolear su ordenanza", explicó Javier Suárez Llana, portavoz de IU. Para Olaya Suárez, portavoz de Podemos y firmante de quince enmiendas, la normativa del gobierno es "un trampantojo, que intenta hacernos creer que es lo que no es y regula lo que no regula. Es una tomadura de pelo".

La reivindicación de la zona de bajas emisiones como una herramienta fundamental en la lucha contra la contaminación es el punto de partida compartido por IU y Podemos en sus enmiendas. y por ellos sus propuestas coinciden, por ejemplo, en dar relevancia a las etiquetas ambientales que definen la capacidad contaminadora de cada coche y en fijar el carácter de permanencia de las restricciones de circulación y estacionamiento que conlleva una ZBE.

La propuesta del gobierno vincula las restricciones a que se activen los diferentes niveles del protocolo por episodios de contaminación. Para IU y Podemos esa activación daría lugar a restricciones adicionales de carácter extraordinario y temporal. Algo a mayores sobre la regulación permanente y estable. Otra coincidencia: ambos grupos eliminan los vehículos de servicios religiosos no funerarios de la lista de vehículos esenciales de libre acceso.

No demorar las multas a 2029

También proponen ambos grupos eliminar esa moratoria para la imposición de multas hasta 2029 fijada por el gobierno a la espera de una alternativa al paso de camiones por La Calzada. "Pensar que en dos años y medio vamos a tener una alternativa operativa de accesos al Puerto es reírse de la gente. Esa decisión es solo una patada para adelante y que durante este mandato no se generen polémicas con esto", denunció la líder de la formación morada.

IU y Podemos también la dan la vuelta como a un calcetín a la división que de los vehículos se hace ahora para concretar cuando se restringirá su acceso.

La ordenanza del gobierno garantiza el libre acceso a bicicletas, vehículos de movilidad personal, vehículos con distintivo ambiental 0, vehículos de servicios de emergencia y vehículos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Estos no necesitan registrarse. Si tendrán que inscribirse en un registro municipal que les de autorización el resto y en base a las siguientes categorías: servicios catalogados como esenciales, vehículos PMR, vehículos de empadronados dentro de la ZBE, de trabajadores dentro de la ZBE, de prestadores de servicios dentro de la ZBE, personas empadronadas en el resto de Gijón, personas empadronadas en Carreño y perceptores de servicios dentro de la ZBE. El proyecto también permite el acceso a la zona a través de este registro al resto de vehículos que tengan clasificación ambiental.

La diferencia entre categoría y distintivo ambiental

"Hay una confusión intencionada entre distintivo ambiental, lo que conocemos como etiqueta, y categoría ambiental. Todos los coches tienen categoría, incluso los más contaminantes que no tienen distintivo. Esa es la trampa, con la propuesta del gobierno puede entrar cualquiera", explica el portavoz de IU, Javier Suárez Llana.

Por eso en su propuesta, IU asume los vehículos sin necesidad de autorización municipal pero reordena el resto de tal manera que acepta solo vehículos de servicios esenciales que tengan distintivo ambiental Eco, C y B, de personas con movilidad reducida, de los empadronados en cada zona independientemente del vehículo que tengan y de vehículos de trabajadores o empresas que presten servicios dentro de la ZBE siempre que dispongan del distintivo ECO, C y B. En el caso de los coches con etiqueta B esa autorización solo alcanzaría hasta el 31 de diciembre de 2031.

En la misma línea va la reordenación de categorías que propone Podemos, que también suprime las autorizaciones para empadronados en Carreño o en el resto de Gijón, para perceptores de servicios o para los vehículos con clasificación ambienta no pertenecientes a ninguna categoría. Todo ellos para hacer efectivos los objetivos de mejora de calidad del aire.

Podemos también plantea vía enmienda que las modificaciones que la ordenanza permite hacer a través de decretos de Alcaldía se limiten a actualizaciones relativas a la legislación o los protocolos anticontaminantes y que las autorizaciones tengan una vigencia de tres años y no de cinco, salvo en la categoría de prestación de servicios. IU, por su parte, busca incorporar al articulado el compromiso del Ayuntamiento de implementar medidas de fomento de la movilidad sostenible vinculadas a las zonas de bajas emisiones –desde carriles bus o ciclistas a aparcamientos disuasorios pasando por el refuerzo de los autobuses y las bicicletas compartidas–y una serie de indicadores para evaluar el impacto de esas zonas de bajas emisiones.

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