La Educación social: cuestión de interés general

Llevo semanas dando vueltas a un asunto. No tenía claro cómo abordarlo. Probablemente sea un tema que no despierta el interés general de la ciudadanía. Ocupa espacio en los medios, pero el común de los consumidores de noticias no se habrá detenido a pensar en ello.

Desde hace muchos años profesionales de la educación social llevan reivindicando el reconocimiento de su profesión. Un reconocimiento que se debe materializar a partir de la organización de los servicios públicos para dar cabida a una disciplina necesaria en los procesos de prevención, acompañamiento e inclusión de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mayores… Nadie duda de cómo se deben estructurar servicios que requieren de una especialización que garantice que los derechos de las personas se vean atendidos y cubiertos. Es una obligación de nuestras administraciones velar por ello.

Esto es así en otras comunidades autónomas desde hace varios años. Administraciones que han entendido y comprendido que los servicios deben tener calidad y deben contar con equipos multidisciplinares que hagan de los servicios sociales un pilar fundamental de nuestro estado de bienestar.

Frente a esta obviedad surge el conflicto cuando se intenta reconducir algo que ya debería estar resuelto. Toca sacar plazas. Plazas a las que deben acceder aquellas personas que reúnen los requisitos mínimos que pueden garantizar que esos servicios tendrán las condiciones óptimas para desarrollarse. Todo el mundo entendería ante esto que un puesto de educación social debería ser cubierto por una persona que al menos tenga la titulación específica: educación social.

Esto se complica cuando encontramos a personas que están desempeñando estas funciones desde los servicios públicos sin tener la titulación. No estaban contratadas para ejercer como educadores sociales, aunque en la práctica lo estuvieran haciendo.

El interés particular que profesionales de la administración tienen por poder acceder a una oposición de educación social choca frontalmente con el interés general que debemos preservar por fortalecer nuestro sistema de servicios sociales.

Y en esta nos encontramos. Por un lado, personas y sindicatos que presionan a la administración por velar por sus intereses. Por el otro, el colegio profesional de la educación social que vela por la mejora de esos servicios gracias al reconocimiento de una profesión que ya debería estar integrada en los equipos profesionales públicos.

Hasta ahora la consejería, gobierno y partidos políticos (todos) lo tienen claro. Será un conflicto difícil entre quienes ven cercenadas sus expectativas por promocionar en una oposición para la cual no reúnen requisitos y el paso firme por naturalizar la educación social en nuestra región.

Cuando se consiga esto, espero que empecemos a hablar de políticas, planes, programas y proyectos que nos hagan avanzar. Pongamos el foco en las personas que viven situaciones de vulnerabilidad. Nuestros sistemas necesitan profesionales, pero también proyectos.

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