La zona de bajas emisiones de La Calzada

Un proyecto clave y necesario para el vecindario

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público de Gijón, Pelayo Barcia, está empeñado en sacrificar la movilidad y seguridad de los peatones residentes en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y demás vecinos del barrio de la Calzada en su pretendida decisión de dejar sin sanción a los automóviles que circulen sin ajustarse al protocolo normativo establecido para el área hasta que no estén solucionados los accesos a El Musel como ha dejado de manifiesto. “Es ridículo poner sanciones y al mismo tiempo seguir viendo camiones por La Calzada”.

La acción sancionadora forma parte de las disposiciones que la Unión Europea deja abiertas para acceder a los fondos europeos destinados a la ejecución de obras pensadas para desarrollar prácticas ambientales sostenibles que tengan como finalidad prioritaria un impacto social positivo con el imperativo añadido de persuadir y restringir la circulación rodada del coche.

En el fondo, la resolución normativa y su aplicación tiene al gobierno como vigilante protector -en este caso a través del Ministerio de Transportes- en cuanto a velar por que las disposiciones se ajusten al protocolo exigido. En su subsiguiente desarrollo la ordenanza municipal debe de ser clara en el sentido de contemplar el régimen sancionador y aplicarlo desde el momento en que la zona sea operativa. Por tanto, limitar la circulación del coche es parte a contemplar en la regulación reglada de normas y ordenanzas, además de la sanción hacia quienes se las salten o se extralimiten.

Desde el Ministerio ya han advertido al concejal que no puede establecer tiempo muerto -moratoria- a la recurrente pues de lo contrario se verá obligado a retirar la ayuda al transporte público que viene subvencionando vía parlamentaria, lo cual, repercutirá directamente en el bolsillo del viajero teniendo éste que asumir el coste real del billete o del bono social. Todo indica que el ministerio va a validar con firmeza dicha decisión si el concejal persiste en la moratoria.

Con todo el respeto hacia el señor Barcia considero que la decisión por si sola es irracional, injusta y engañosa. Irracional porque niega la capacidad para razonar de manera coherente y lógica. Injusta porque contraviene o no respeta la norma ya que beneficia a unos pocos -automovilistas- y sacrifica a la población potencialmente usuaria del transporte público. Engañosa porque si el ayuntamiento no asume de manera subsidiaria el coste diferencial no solo sobrecarga a los viajeros a un pago arancelario tipo Trump, sino que influirá en la pérdida de un buen número de viajeros, lo cual, repercutirá negativamente en la empresa municipal de Emtusa. En definitiva, lo que dejarán de pagar los protegidos del señor Barcia -automovilistas- lo pagarán los usuarios del transporte público de manera repercutida.

En buena suposición, si el Ayuntamiento como ente municipal -a través de una concejalía- contraviene una norma le compete asumir el coste de subsidiariedad que le corresponda puesto qué la vigilancia en el cumplimiento y desarrollo de normativas y ordenanzas es función primordial del consistorio. Si, por el contrario, la decisión de contravenirla recae en la persona del concejal es de sentido común que se le exija la responsabilidad correspondiente. No se trata de pedirle a él que asuma el coste, sería presuponer mucho, pero si hay otras opciones.

Por tanto, con el cambio de cromos el señor Barcia se hace trampa a sí mismo y de rebote a la ciudadanía. En vez de atemperar recurriendo al sosiego que implica adoptar o suavizar la situación de la recién estrenada ZBE ve el proyecto de movilidad como razón deliberada y persecutoria del anterior gobierno municipal hacia el uso del coche. En el credo de esa disyuntiva en su área de competencia, deja claro, que solo el imperativo legal normativo lo obliga a no desentenderse de la continuidad de las obras del proyecto en cuestión, proyecto, que ni personal ni políticamente cree. Emplea mucho tiempo en dejar claro que es fruto sobrevenido por el anterior gobierno municipal echándoles en cara su incompetencia sobre lo actuado.

Así que actuará de manera inducida, como si de un parto no deseado se tratase, al que hay que dar solución como añadidura congénita hereditaria para no perder los fondos europeos si no se materializa la obra partiendo del grado vital en que se encontraban antes de que expire el plazo de ejecución previsto. De forma irracional le tienta el maniqueísmo que caracteriza al dualismo -casi siempre presente- entre conflictos políticos. El maniqueísmo -revanchismo- es muy mal consejero ya qué nubla razón y dice muy poco a favor de quien lo practica.

La radiología de terapia medioambiental, larga y cara se la fía el concejal a los ya de por sí sacrificados vecinos del barrio de la zona oeste cada vez más hartos de tanta desfachatez y desagravios políticos vengan de donde vengan. La terapia del señor Barcia bien pudiera ser susceptible al supuesto diagnóstico de no curar la caries de una muela hasta que el resto no la padezcan De la misma manera que el cirujano dentista no tendría futuro, el futuro político del señor Barcia, por muy longevo que sea no lo será tanto – sé supone que abandonará antes la escena política- de ver cumplido el ridículo deseo del cambio de cromos, o sea, sancionar a los automovilistas en ZBE cuando haya evidencia de que los camiones ya son historia en La Calzada.

Lo evidente hoy en día es que Pelayo Barcia ha creado una representación para construir un engaño sin demasiado esfuerzo. Sigue sin ver a la ZBE como un proyecto clave y necesario para el vecindario como acción de mejora climática. Duda de que el área se haya convertido en un espacio útil y respetuoso con las personas y con el medio ambiente. Dicha conversión, como ya se expresa, la fía a largo plazo al vincularla a la resolución definitiva de los accesos al Puerto de El Musel y a que el bulevar de la avenida Príncipe de Asturias se haga realidad.