Cementos y carbones

Va a hacer trece años que la Autoridad Portuaria de Gijón cerró el túnel de Aboño, sin oposición al este de la Campa Torres y con tímidas muestras de contrariedad al oeste, donde Carreño se quedaba sin conexión directa con su hospital de referencia en Jove. Labores de mantenimiento y mejoras en la seguridad de un túnel ya por entonces centenario se esgrimieron como causa de un cierre que a finales de 2012 se anunció como provisional. Carmen Moriyón había cumplido un año de su primer mandato en la Alcaldía y el Consejo de Administración de El Musel también lo presidía una mujer, pero era Rosa Aza. Laureano Lourido la sucedería en 2015, cuando Nieves Roqueñí, actual presidenta del Puerto, era una neófita en política, apenas conocida en Asturias fuera del ámbito universitario.

El cierre no tan provisional del túnel de Aboño, cuyas obras de mejora habrían costado entonces unos 5 millones de euros y hoy se estiman en más del doble, ilustra una falta de sintonía en la gestión estatal de El Musel con su entorno, que no es nueva aunque lo parezca. Ahora que corren ríos de tinta, fluye la palabrería y se sucede el postureo mediático a cuenta de la franja litoral del antiguo Naval Gijón, podríamos sentarnos en algún banco del Muelle (que no hayan bombardeado las gaviotas) a recordar episodios pretéritos de agravios y desencuentros entre el puerto y su ciudad. Con esta última en el papel de víctima, desde el interminable desfile camionero atufando Jove hasta el carbón que tiñe de negro el arenal de San Lorenzo; que será del "Castillo de Salas" transcurridas cuatro décadas de su hundimiento –concluía un informe técnico– y no el que los vendavales arrojan al mar desde la propia terminal portuaria, donde entre el viento que sopla y el hampa que escamotea quedará carbón de milagro.

Ahora que hemos descubierto que el Puerto de Gijón le da la espalda a Gijón –más bien le muestra la desmesura de su dique exterior, sus sobrecostes descomunales o la regasificadora que ni falta hacía– habría que cambiar de enemigo a batir. La plana mayor de la Alcaldía podría personarse una mañana en la sede madrileña del consorcio Pymar, donde alardean de colaboración público-privada. Llamar al timbre y que les expliquen con qué tarifa y cara de cemento van a cobrar dinero de gijoneses y gijonesas por la venta de suelo sin uso de un astillero privado que quebró hace 15 años, tras un desastre de gestión que al erario público le costó un dineral.

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