No es insolidaridad, es sentido común

La decisión de trasladar a usuarios del Albergue Covadonga al centro de menores tutelados "Hogar San José" ha generado una comprensible preocupación vecinal. Sin embargo, desde algunos sectores se ha intentado desacreditar esa inquietud tachándola de "insolidaridad" o de rechazo a las personas vulnerables. Nada más lejos de la realidad. Oponerse a esta medida no implica falta de empatía, implica precisamente defender que la atención social se haga con rigor, en condiciones adecuadas y sin generar nuevos problemas para colectivos que ya son extremadamente frágiles.

Mezclar dos tipos de población tan diferentes, menores tutelados y adultos mayores, no solo es inadecuado desde el punto de vista social, sino también contrario a cualquier criterio profesional en materia de intervención. Los menores tutelados requieren espacios estables, seguros, pensados para su desarrollo emocional, educativo y social. Los mayores sin hogar, por su parte, necesitan recursos específicos, atención sociosanitaria, apoyo psicológico, programas de reinserción y dispositivos diseñados para sus circunstancias vitales. Agruparlos en un mismo equipamiento no garantiza la atención especializada que cada colectivo merece.

Acusar a los vecinos de falta de solidaridad resulta injusto cuando la zona lleva años acogiendo diversos recursos destinados a personas vulnerables con la mayor concentración de entidades sociales, fácilmente acreditable. Estas dotaciones demuestran que el barrio sí ha asumido con creces su parte de responsabilidad en la atención a quienes más lo necesitan. Precisamente por esa experiencia, los vecinos conocen bien lo que significa convivir con estos servicios y saben diferenciar entre proyectos bien planificados y decisiones precipitadas como este traslado a un centro de menores.

La solidaridad no consiste en aceptar cualquier medida sin cuestionarla, sino en exigir que se haga bien. Si un traslado supone poner en riesgo la estabilidad de los menores tutelados o reconvertir un centro de menores a golpe de ocurrencia por intereses económicos, no puede considerarse una solución válida. Más aún, cargar sobre el mismo barrio una nueva dotación sin estudiar alternativas ni repartir responsabilidades entre distintas zonas de la ciudad no es solidaridad, es desequilibrio territorial.

El debate debe centrarse en la calidad de los servicios sociales y en la correcta planificación de los recursos, no en descalificaciones simplistas, imposiciones y señalar con el dedo a vecinos. Resulta preocupante que se confunda la crítica razonada con insultos de muchas personas que viven de la solidaridad, pero luego se la imponen a otros. Defender un reparto equitativo de las cargas sociales, exigir instalaciones adecuadas y pedir que se respeten las necesidades específicas de cada colectivo es en realidad una postura profundamente solidaria. Significa querer que los mayores reciban la ayuda que necesitan y que los menores mantengan un entorno seguro y estable.

La verdadera insolidaridad no está en quienes alzan la voz para pedir coherencia, sino en quienes utilizan la etiqueta de "insolidarios" para silenciar un debate legítimo. Escuchar a los vecinos afectados, planificar con responsabilidad es la única manera de garantizar que las políticas sociales funcionen y protejan de verdad a las personas más vulnerables. n

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