Caso Raja: la justicia no admite atajos

La carta abierta publicada por Nora Álvarez días atrás en este periódico no supone solo el grito de una hija en defensa de su padre, el exconcejal gijonés Iván Álvarez Raja. Es un devastador retrato de las grietas éticas que amenazan a cualquier organización cuando la doctrina interna devora las garantías constitucionales más elementales.

Inspirándose en el célebre "J’accuse!…" , de Émile Zola, la misiva denuncia una severa indefensión: la aplicación implícita de una "presunción de culpabilidad", el uso imprudente de denuncias anónimas y la sanción preventiva mediante despidos o suspensiones antes de un proceso justo. Cuando en un entorno político o institucional se asume la veracidad automática de una acusación por el simple hecho de ser formulada, se desvirtúa la causa legítima de la lucha contra el acoso y se abre la puerta al uso espurio del protocolo como arma de purga o venganza interna.

Si Raja es culpable de algún delito, caiga sobre él el peso de la ley, Pero ninguna causa justa exige dinamitar la tutela judicial efectiva, la confidencialidad ni la carga de la prueba. Condenar por adelantado, convertir los canales de resolución en autos de fe y someter al acusado a un escarnio público irreparable violenta el Estado de derecho. La protección estricta a las víctimas es cuestión innegociable, pero solo se antoja legítima si convive con el rigor procedimental. Cuando el aparato de un partido dispara primero y pregunta después, no ejerce la justicia: consolida la arbitrariedad.

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