Las escuelas infantiles se han convertido en un peligroso agujero negro para las cuentas municipales porque los sucesivos gobiernos autonómicos se han desentendido de sus obligaciones financieras haciendo un uso torticero del convenio firmado con los ayuntamientos. Se ha dado por bueno, pese a las constantes promesas a favor de la conciliación cada vez que hay una campaña electoral, que esta etapa siga relegada dentro del sistema debido a otras presuntas prioridades y sin el suficiente dinero para dar cobertura a toda la población o para estabilizar laboralmente a las educadoras. Pero lo que no tiene un pase es que ahora la Consejería haga recaer todo el peso de la pandemia sobre las castigadas espaldas consistoriales. Estos centros para niños de hasta 3 años están obligados también a formar grupos burbuja, a reponer al personal de baja o en cuarentena por los contagios y a improvisar mecanismos para combatir el virus. Que todos los partidos de Gijón, a instancias del PP y salvo Podemos, se hayan puesto de acuerdo para urgir una solución al Principado debería ser mucho más que un brindis al sol.
