El cuello de botella que sufre desde hace tiempo la tramitación de casi cualquier asunto en el Ayuntamiento de Gijón ha pasado de ser una muestra de ineficiencia burocrática a una ofensa a los miles de ciudadanos pendientes de un papel o una ayuda en estos tiempos de miserias. Lo reconoció Marina Pineda, portavoz socialista, durante su solvente intervención en el debate sobre el estado del municipio, al anunciar que prepara la implantación de un procedimiento de fiscalización limitada previa, que en cristiano significa regatear la colapsada Intervención municipal para que la política llegue antes a la calle. La propuesta parece positiva, siempre y cuando no implique una elusión de controles que abra la puerta a una peligrosa discrecionalidad. Tampoco estaría mal que la Alcaldesa le diera una vuelta al reparto de competencias de su gobierno para subsanar duplicidades, más allá de las obligaciones que impone el pacto con IU. Que Urbanismo, Obras Públicas y Movilidad (por citar un ejemplo) dependan de tres concejalías no ayuda contra el atasco.
