El estudio, aún preliminar, encargado por El Musel a la Universidad de Oviedo para conocer el origen del carbón en la playa de San Lorenzo, que desvincula el mineral de la actual actividad portuaria (en contra de lo que apunta otro documento solicitado por el Ayuntamiento al Incar y respaldado por el Principado), tendría que interpretarse como una invitación al diálogo entre las tres partes implicadas. Una negociación que, de partida, no debería ser difícil porque hay consenso en que es necesario extremar el control sobre los acopios de graneles sin dañar la capacidad de los muelles gijoneses para crear riqueza (otro asunto es quién y por qué paga las medidas). Lo que sería injustificable es que los responsables de dar con una solución sucumbieran a la tentación de tirarse los informes a la cabeza para que pase el tiempo.
