Como respuesta al RD que regula el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, la “Alianza por la Industria de Asturias”, integrada por los grupos parlamentarios de la Junta, excepto Podemos, los sindicatos CC OO y UGT, las Cámaras de Comercio, la Federación Asturiana de Concejos y la Universidad de Oviedo, firmó un acuerdo para exigir cambios en ese decreto que permitiesen incrementar las ayudas públicas a estas empresas. Son un total de 612 empresas, de más de 60 actividades industriales, que tienen un consumo de energía eléctrica anual superior a 1 GWh, entre las que se encuentran empresas asturianas como ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o Alcoa.
Argumenta la Alianza que las ayudas son insuficientes porque el precio que esas compañías pagan por la electricidad es muy superior al de otros países de la UE y solicita la equiparación inmediata de las ayudas a las que esos países reciben, la puesta en marcha de un mecanismo que sustituya a la interrumpibilidad, y las compensaciones por costes indirectos de CO2, con independencia de la disponibilidad presupuestaria, así como fijarlas en el máximo anual permitido por la UE. Ante esta petición, no podemos por menos que aclarar una serie de puntos.
En lo que se refiere a los precios de la energía, lo primero que cuestionamos son las formas de comparar los costes, ya que, ni podemos admitir las cifras que aporta el propio sector, que no es precisamente un modelo de transparencia, ni mucho menos comparar el coste de la electricidad en base al mercado eléctrico. La comparación legítima exige comparar precios finales, incluyendo impuestos, a excepción de aquellos que son recuperables. Con este criterio y según los datos de Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea, España fue durante el 2º semestre de 2020, el séptimo país, con el precio de la electricidad más barato para las electrointensivas, o el octavo, según el informe elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que incluye el IVA.
Esto no es así para los pequeños consumidores, domésticos y medianas y pequeñas empresas, que sí soportan un alto precio de la energía, el quinto más alto de la UE, solo por debajo de Dinamarca, Alemania, Bélgica e Irlanda. Es decir que, mientras que es cierto que los pequeños consumidores en España pagan la electricidad más cara que en el resto de Europa, no lo es para los grandes consumidores, que paguan uno de los precios de la electricidad más baratos de Europa.
Tampoco es admisible el argumento de que otros países aportan mayores subvenciones a sus electrointensivas. Por el contrario, hay que abandonar toda idea de competencia entre países de la Unión Europea por las ayudas a empresas privadas denunciando aquellas ayudas, ilegales o irregulares, si las hubiera, y frenar esa espiral de flujo de dinero público hacia los accionistas de esas corporaciones, en la que siempre perderían los pueblos y saldrían ganando las grandes multinacionales, esas que nos vienen amenazando desde hace tiempo con el fantasma de las deslocalizaciones y la pérdida de puestos de trabajo.
Con respecto a la interrumpibilidad, insistir en que es un mecanismo, supuestamente pensado para pagar a las empresas que estuviesen dispuestas a reducir su consumo eléctrico en caso de que éste fuera demandado para otros usos prioritarios, totalmente innecesario y por el que se han pagado cantidades ingentes y, si es un servicio de ajuste del sistema, lo razonable es que se asignen los pagos al menor coste para los consumidores.
En lo que se refiere a los costes indirectos del CO2 y su incremento en los mercados, hay que recordar que durante mucho tiempo se los hemos estado entregando de forma gratuita, a costa de toda la ciudanía, mientras que ellas los vendían a otras empresas, logrando importantes beneficios.
En cuanto a las limitaciones presupuestarias, está claro que siempre las hay, o ¿es que deberíamos anteponer las subvenciones a estas grandes corporaciones al pago de las pensiones o al gasto en sanidad o educación?, corporaciones que, como hemos visto en más de una ocasión, no titubean en utilizar el cierre patronal como respuesta a las luchas sindicales, incumplen la legislación medioambiental, o retrasan las inversiones ambientales en sus instalaciones, como hemos visto recientemente con la Autorización Ambiental Integrada del Sinter de Veriña. Hay que señalar también, que ya gozan de otras compensaciones, como reducciones en el impuesto especial de la electricidad y exención de las tasas para sufragar los pagos por interrumpibilidad y los pagos por capacidad, a las que hay que añadir la compensación de costes imputables a la financiación de la electricidad procedente de fuentes renovables.
Continuar con estas exenciones o incrementarlas llevaría consigo un encarecimiento del precio de la electricidad para el resto de consumidores, incluyendo a la inmensa mayoría de los consumidores industriales ya que, tal como indica la CNMC, todos los costes del sistema han de ser financiados mediante los ingresos del mismo, estableciendo que toda medida que suponga una reducción de determinados ingresos, deberá incorporar el incremento de otros.
Está claro que en lo que hay que incidir es en las causas de los altos precios de la energía, y de las medidas para corregirlo; entre estas últimas, es especialmente relevante la propuesta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que incluye un ambicioso objetivo de instalación de nueva generación eléctrica renovable, y que ejercerá a medio plazo un efecto moderador muy apreciable sobre los precios mayoristas de la electricidad. Otras, exigirán acuerdos parlamentarios para modificar la forma de fijación de precios, que está pensada para una estructura de generación eléctrica muy diferente a la actual y en la que las tecnologías con costes fijos, como pueden ser las renovables, tendrán un peso cada vez mayor.
En definitiva, lo que debe quedar claro es que las ayudas a las electrointensivas son un juego de suma cero Palazuelos, E (2019). El oligopolio que domina el sistema eléctrico: consecuencias para la transición energética, página 327., de manera que unos podrían reducir su factura solamente si otros la aumentan, en este caso los pequeños consumidores, y continuar por este camino, como mecanismo de apoyo a la política industrial, sin modificar las causas reales que inciden en los precios de la energía, supondrá incrementar el carácter regresivo de la estructura tarifaria de la electricidad en España, carácter regresivo aún más acentuado que en el resto de Europa.
