La catarata de medidas que en los últimos meses ha adoptado el gobierno local para poner coto al colosal atasco burocrático que sufre el Ayuntamiento de Gijón desde hace años es un reconocimiento implícito por parte de las autoridades de que algunos mecanismos fundamentales de la Administración municipal, la más próxima a los ciudadanos, distan mucho de rendir a un nivel de eficiencia mínimamente aceptable. Pero también evidencia que existe un propósito de enmienda, sin que por el momento haya transcurrido el suficiente tiempo para advertir avances (algunos de los anuncios incluso están pendientes de su aplicación). Dentro del paquete de decisiones se encuentran un plan de subvenciones que trata de ordenar de arriba hacia abajo el caótico reparto de estos fondos, la puesta en marcha del procedimiento de fiscalización previa limitada para flexibilizar el sistema de control que se realiza antes del acceso a determinados dineros y un programa de choque para agilizar las licencias urbanísticas, gran talón de Aquiles en la gestión consistorial. Detrás de estos conceptos que pueden resultar farragosos a la mayoría de los mortales se esconden partidas y papeleos que afectan de lleno a la vida cotidiana y que condicionan el progreso económico y social de miles de gijoneses.

El plan de subvenciones, presentado esta semana con todo lujo de detalles por la concejala de Hacienda, Marina Pineda, nace con una doble vocación. Por un lado, puertas adentro del Ayuntamiento, clasifica 159 tipos de ayudas para una mejor planificación, diferenciando entre las que son de concurrencia competitiva, las que se adjudican directamente y las abiertas (todas las relacionadas con rehabilitación de fachadas y barrios degradados). Y, hacia al exterior, pretende clarificar a los ciudadanos y entidades que aspiran a hacerse con estos fondos qué cantidad se distribuye y bajo qué criterios. Es, en definitiva, un paso necesario no solo en favor del orden sino también de la transparencia, a menudo ausente en todo lo que tiene que ver con el reparto de dinero público. Al fin y al cabo, la información veraz siempre es inversamente proporcional a la arbitrariedad.

En la línea de engrasar los oxidados mecanismos internos de la plaza Mayor también va el llamado plan de fiscalización previa limitada, que en román paladino es una simplificación de los controles de subvenciones y contratos por parte de la Intervención. Los beneficiarios eludirán de esta forma pasar en un primer momento por la lupa municipal, que sí se pondrá sobre ellos a posteriori. Una especie de ejercicio de confianza por parte de la Administración para solventar el bloqueo que ella misma ha creado. El mecanismo parece acertado siempre y cuando no desemboque en una indeseable discrecionalidad o en males mayores.

La puesta en marcha de estas medidas es un bien en sí mismo, pero acabará en un canto de sirena si no llevan aparejados los recursos suficientes, como ha quedado recientemente demostrado con el plan para agilizar las licencias urbanísticas, implementado hace meses, pero que sigue en hibernación por la complejidad de su aplicación. Los próximos meses serán definitivos a la hora de evaluar el grado de sinceridad del gobierno local en su lucha por tener una administración ágil y justa. Algo que, conviene recordar, no es una prerrogativa, sino un derecho de los ciudadanos.