Es cierto que la parcela donde se pretende ubicar la nueva estación de ITV está calificada como suelo industrial en el Plan General de Ordenación (PGO) y, por lo tanto, cumpliría todos los requisitos para su instalación desde el punto de vista urbanístico. Pero no es menos cierto que esta calificación fue consecuencia de una alegación presentada en su momento por la Cooperativa de Agricultores, Consumidores y Usuarios del Concejo de Gijón, anterior propietaria de la misma, en la que se solicitaba este uso, debido a la existencia de un proyecto para instalar allí una industria vinculada al sector cárnico. Cualquier otro uso supondría un fraude al sentido que se le quería dar a este espacio en el actual PGO. Algo que el actual gobierno local no debería obviar.
Por otra parte, no parece entrar en el terreno de lo razonable el instalar un equipamiento de estas características en una parcela situada en plena zona rural y rodeada en su práctica totalidad por suelo calificado de interés agropecuario, y no en un polígono industrial. Especialmente cuando el acceso a la misma no puede realizarse desde ninguna vía de comunicación importante sino solo “caleyando” por varios caminos rurales; asfaltados sí, pero no acondicionados para soportar el incremento del volumen de tráfico que se produciría.
En este sentido, parece oportuno recordar que la legislación estatal que establece las normas generales de instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de vehículos establece como requisito obligatorio que deben de estar situadas en lugares de fácil acceso y en los que el flujo de vehículos a la estación no provoque conflictos de tránsito en la zona. Resulta muy difícil el poder observar este requisito en esta ubicación.
Por todo ello, solo cabe preguntarse las razones por las que desde la empresa Itvasa se adquirió esta parcela, y no, como parecería lógico, alguna otra en uno de los múltiples polígonos industriales que hay en el concejo. Una pregunta que se hacen muchos gijoneses, especialmente los vecinos de Granda, y que al día de hoy sigue sin responderse a pesar de toda la contestación vecinal que se ha producido.
El silencio y falta de explicaciones por parte de sus responsables resulta tan inadmisible como sospechoso. El oscurantismo y la opacidad no deberían tener cabida en las decisiones que se toman en el seno de una empresa pública, especialmente, cuando ésta opera en régimen de monopolio, lo que no da lugar siquiera a la excusa del secreto empresarial. Todas su decisiones deben tomarse en base a parámetros objetivos y primando siempre el interés general de la ciudadanía, a la que presta un servicio, frente a cualquier otro tipo de consideración.
No cabe duda que Gijón necesita otra estación de ITV para poner fin al atasco que soporta la actual. Ahora bien, somos muchos los que pensamos que su ubicación en Granda no parece responder a este interés general sino más bien a uno particular, y es que en esta operación hay un claro beneficiario y muchos perjudicados.
