Sirva este titular para describir la crítica situación socioeconómica que, actualmente, padece Catalunya con reiterados brotes de vandalismo urbano. Un virus de cuestionada procedencia aunque, como el covid19 genera un extenso y nocivo impacto ciudadano. Me explico:
En primer lugar, como el resto de España, Cataluña está sometida a restricciones de movilidad social y de consumo impuestas por la pandemia del covid–19, lo cual afecta negativamente la convivencia ciudadana. Si a esta crisis sanitaria le añadimos un clima político crispado por el independentismo (aparentemente reforzado por las recientes elecciones autonómicas), obtenemos los ingredientes perfectos para crear una tormenta sociológica de imprevisibles consecuencias.
En segundo lugar, los actores indispensables para fomentar semejante tormenta serían: a) Un gobierno autonómico más preocupado en mantener el poder (con pactos políticos “de conveniencia”) que gobernar; b) Un lobby secesionista que, presuntamente, mueve los hilos con discreción (“in situ” o desde el exilio) y que podría financiar determinados grupos profesionales anti-sistema (nacionales o extranjeros) para inducir la inestabilidad social: De hecho, de los 14 detenidos durante estos disturbios, 5 eran italianos, otro era francés y, también, se detectaron algunos manifestantes griegos; c) Incidentes puntuales (como el encarcelamiento de un rapero por su mensaje ofensivo y censurable) que sirvan de “espoleta” para que esos profesionales anti-sistema generen graves disturbios callejeros, destrozando bienes públicos y privados (incluso con pillaje) o, peor, cometiendo un presunto delito de homicidio (en grado de tentativa) al incendiar un vehículo de la Guardia Urbana con un agente municipal dentro.
En tercer lugar, lejos de apoyar a los Mossos d´Esquadra y la “BriMo” (Brigada Móvil antidisturbios), la CUP y ARRAN (sus juventudes radicales) han justificado dichos altercados y censurado las intervenciones policiales consiguientes. Incluso más, según Miguel Samper, conseller de Interior de la Generalitat) la CUP ha reivindicado la disolución de la “BriMo”, petición desestimada. Finalmente, como respuesta a esta caótica situación, Foment del Treball y la PIMEC (organizaciones patronales que representan al 90% del PIB catalán, con unas 400.000 empresas que crean 2,3 millones de puestos laborales) han denunciado recientemente semejante caos social, afirmando: “Ya basta, centrémonos en la recuperación” y han exigido firmeza contra la violencia en las calles de Barcelona. En resumen, junto al covid–19, Cataluña sufre un virus de vandalismo urbano propio de malhechores antisistema y presuntos lacayos del secesionismo radical, cuyo parcial y oportunista discurso siempre pregona que “la culpa es de Madrid”. Evidentemente, para reconducir el cauce de ese río políticamente revuelto, se precisa tanto la acertada gestión del Gobierno central como recuperar el actualmente silenciado “seny catalán”.
