La multa de 1.500 euros que le ha impuesto el Ayuntamiento de Gijón al Ministerio de Trabajo por dejar que la Casa Sindical se caiga a cachos pasaría por un chiste de sobremesa si no fuera porque está en juego la seguridad de usuarios y viandantes, por no hablar de cuestiones estéticas. Después de un frustrado proyecto de obras de 4,3 millones de euros y tres requerimientos municipales para su corrección, el departamento que dirige la vicepresidenta in pectore Yolanda Díaz no ha movido un dedo ante la inminente ruina. Como las sanciones que le pueden caer se la traen al pairo por su ridícula cuantía y porque las paga el contribuyente, alguien podría pensar que está dejando pasar el tiempo para forzar el cierre del inmueble. Cuidado que no haya un susto de por medio.
