El proyecto para la construcción de una estación de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Granda ha derivado en un enquistado conflicto vecinal y político debido, sobre todo, a la falta de información inicial acerca de la operación por parte del Principado, Administración responsable a través de la sociedad pública Itvasa. A esa confusión han contribuido en los últimos días mensajes contradictorios por parte de algunos dirigentes y las luchas partidistas, que han encontrado en esta parroquia de la zona rural un escenario perfecto para su desarrollo. Mientras, los residentes contemplan entre el asombro y el enfado cómo evoluciona el proceso, ansiosos por ser tenidos en cuenta como interlocutores. El tiempo avanza y la polémica, lejos de amainar, va en aumento. Toca enfriar los ánimos y establecer un diálogo sincero entre todos los implicados para dejar claras las posiciones. Como no puede ser de otra manera, a los gobernantes les corresponde tomar las decisiones, pero no sin escuchar por sistema la postura de los gobernados.

Itvasa desveló el pasado 28 de diciembre su intención de construir una estación para vehículos ligeros y ciclomotores en una finca de Granda con nave incluida que había comprado unas semanas antes a la Cooperativa de Agricultores de Gijón. Alegó, con razón, que la única existente actualmente en el concejo, situada en Tremañes, está saturada. El anuncio cogió por sorpresa a los vecinos, que no tardaron en mostrar sus reticencias, señalando que un equipamiento de estas características podría colapsar las carreteras y los caminos de su parroquia. Las dudas sobre la idoneidad de la ubicación se extendieron por los difíciles accesos a los terrenos. La oposición no tardó en tachar de “oscurantista” el movimiento. Y los afectados formaron una plataforma e iniciaron protestas.

Varios aspectos no ofrecen discusión. La finca elegida para la ITV, con una inversión prevista de medio millón de euros, cumple con la normativa urbanística porque el Plan General de Ordenación aprobado durante el pasado mandato municipal prevé para ella usos industriales. Carece de unos buenos accesos o, al menos, otros lugares del municipio los tienen mejores, sobre todo, determinados polígonos. Y ahora el Ayuntamiento deberá, o no, conceder la licencia para la apertura en función de criterios técnicos y no políticos.

Pero hay otras cuestiones sin aclarar. El Gobierno regional no ha presentado informes solventes que avalen su decisión, más allá de asegurar que inspeccionó varias fincas de la zona, de titularidad municipal, antes de decantarse por la elegida, de un particular. Izquierda Unida aseguró que el Principado planeaba hacer un costoso pinchazo con la Autovía Minera para reducir el impacto del tráfico en la parroquia y el consejero de Industria tardó seis días en desmentirlo. Y este mismo Consejero insinuó que el Ayuntamiento sugirió la compra, extremo negado ayer con rotundidad por el gobierno local, que exigió además una rectificación. Lejos de dar luz a la operación, sus responsables han contribuido a enturbiarla. Urgen explicaciones pausadas y concisas.