La sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula las instrucciones dadas por el Principado para reducir este curso el apoyo a los alumnos con necesidades especiales, tras la denuncia de unos padres ovetenses con un hijo autista, es una sacudida de tal calibre que debería poner a temblar los cimientos de la Consejería de Educación. Y también supone un espaldarazo a los padres del colegio Santa Olaya que desde hace dos meses claman en el desierto en favor de que un alumno reciba los recursos necesarios para que tanto él como sus compañeros puedan convivir con normalidad dentro del aula. El departamento de Carmen Suárez no sólo ha demostrado en este tiempo una actitud rayana en lo negligente por hacer oídos sordos ante este problema, sino que ahora tiene un fallo judicial que le señala directamente.
