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FIDEL GARCIA

La laicidad negativa

Sobre el nuevo reglamento en Gijón

Un término que se presta a la confusión es el de laicidad. Este concepto fue acuñado en Francia en la ley de separación de la Iglesia y el Estado de 1905. La laicidad entendida como la autonomía del Estado en el orden temporal, es defendida por la Iglesia en los documentos del Vaticano II. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Laicidad puede ser también respetuosa y leal cuando en un país dividido por diferentes creencias, el Estado permite que cada ciudadano practique libremente su credo religioso. Laicidad negativa, supone una doctrina ideológica-filosófica materialista y atea de la vida humana y de la sociedad. Defiende un sistema político de pensamiento único que se impone a los funcionarios hasta en su vida privada; en las escuelas, hospitales, cárceles, mass media públicos.

En este sentido cabe decir que el sistema español se le puede definir como al francés de laicidad positiva y abierta, porque se pasa de la neutralidad radicalmente negativa, a la colaboración. El Estado aconfesional es compatible con jurar un cargo político delante de símbolos religiosos, porque un estado laico, es lo, más opuesto a un régimen político laicista, que ataca a la libertad religiosa, por hostilidad o por prohibición-persecución en el ámbito público. Encerrar a la libertad religiosa de las personas, es un ejemplo paradigmático de eclesiofobia, como lo es sacar la religión de la escuela pública como pretenden el gobierno, porque esa es una responsabilidad que tiene los padres de elegir la formación moral y religiosa también en la escuela pública. Otra conclusión interesante para regular las relaciones Iglesia y Estado es el respeto de los acuerdos Iglesia firmados en 1979. Acuerdos que se ampliaron a protestantes, judíos y musulmanes. Por lo visto lo único que intenta el gobierno es denunciar los acuerdos con la Iglesia Católica, sin mencionar para nada los de las demás confesiones. Lo que es una muestra clara de eclesiofobia. Se debe tener en cuenta que los acuerdos entre el Estado y las Confesiones religiosas son medios legales con las cuales un país coopera con las confesiones religiosas para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho humano fundamental, anterior a la legislación estatal, a la libertad religiosa. Pero esta igualdad religiosa debe ser entendida correctamente: no se trata que todas las confesiones tengan acuerdos y que todos tengan el mismo contenido, sino que los acuerdos de cooperación con las confesiones religiosas, garantizados en la Constitución se articulan en función de las características, necesidades de cada confesión y su implantación y el número de fieles. En España la Iglesia Católica tiene una dimensión muy importante si se tiene en cuenta en número de españoles que se confiesan católicos.

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