El Ayuntamiento de Gijón puso en marcha hace justo un año una potente maquinaria para hacer frente a los destrozos sociales y económicos provocados por la pandemia de coronavirus, por sí mismo o a través de acuerdos con otros agentes. Durante este período, miles de vecinos y profesionales de determinados sectores han recibido distintos tipos de ayudas, que han contribuido a paliar una crisis inédita por su origen y desarrollo, pero que en algunos casos han chocado con el colapso burocrático que atenaza desde hace tiempo a la Administración municipal o con fallos en el diseño de los programas. El pacto de la concertación, firmado por el gobierno local, la patronal y los sindicatos mayoritarios (UGT y Comisiones Obreras), ha logrado algunos de sus ambiciosos objetivos, bien planteados en líneas generales, pero aún tiene pendiente mucho trecho. En paralelo, la Fundación Municipal de Servicios Sociales ha demostrado sobradamente su fortaleza, gracias en buena medida a la abnegación de su personal. Pero también ha tenido sonoros traspiés, como la ejecución del programa “Mi barrio” para facilitar las compras a familias con pocos recursos, que acumula cuantiosos fondos sin usar o destinados a otros fines.
El pacto por la concertación social, firmado en tiempo récord en mayo de 2020, apenas dos meses después del primer estado de alarma, se ha consolidado durante este tiempo como un soporte fundamental contra la crisis. El montante total para dos años supera con creces los 50 millones de euros, canalizados principalmente a través de ayudas directas y de incentivos. Entre las ayudas directas se cuentan los 3,6 millones de euros ya repartidos para la reapertura de negocios y la recuperación de trabajadores en ERTE (había cinco millones comprometidos inicialmente) y los 1,2 millones aún pendientes de distribuir para sectores especialmente perjudicados por las restricciones, como hostelería sin terraza, gimnasios, feriantes o agencias de viaje. Y entre los incentivos, se encuentra el millón que se destinará al programa de bonos para incentivar el consumo en comercios, los 400.000 euros para captar turistas con el abono por parte del Ayuntamiento de la tercera noche de hotel y los 1,25 millones para la consolidación del empleo. El balance general de la concertación es positivo porque sus medidas han demostrado un aceptable nivel de eficacia, pero tiene en su debe dos grandes lunares: las trabas administrativas que han ralentizado hasta la extenuación la entrega de los fondos y los regulares roces entre los socios firmantes, por la tendencia a la unilateralidad del gobierno local.
También luces y sombras arroja la gestión llevada a cabo por la Fundación Municipal de Servicios Sociales, el otro gran brazo de la Administración local para aminorar las secuelas de la recesión. La flexibilización de los requisitos para las ayudas de emergencia, que están dotadas de 3,7 millones y crecieron el año pasado un 141 por ciento, ha sido clave para que centenares de gijoneses en extrema necesidad pudieran acceder a tiempo a un dinero vital para ellos. Pero el empeño del Ayuntamiento en reconvertir la renta social en el programa alternativo “Mi barrio” ha provocado que muchos de los beneficiarios no hayan podido hacer uso de las ayudas o, peor aún, que esos fondos hayan ido a parar a descubiertos bancarios y otros fines.
Corregir esta y otras deficiencias para avanzar en la línea marcada es una necesidad en un tiempo que no admite ni probaturas ni medias verdades con las ayudas sociales.
