La inclusión esta semana del Hogar del Productor de Ceares en el prestigioso registro de edificios singulares Docomomo Ibérico para garantizar su conservación, a instancias del Colegio de Arquitectos de Asturias, ha puesto sobre la mesa el deterioro de una parte significativa del patrimonio público gijonés debido a la desidia de sus responsables. Los inmuebles singulares que son propiedad de las diferentes administraciones y están infrautilizados o directamente camino de la ruina están dispersos por toda la ciudad. Y su estado, en términos generales, ha empeorado en la última década debido a las restricciones económicas que han provocado las sucesivas crisis y a una inquietante falta de concienciación. Este abandono, censurable de por sí, es aún más incomprensible si se tiene en cuenta que algunos colectivos vecinales y sociales urgen equipamientos para poder desarrollar sus actividades o recibir servicios, sin que las autoridades les den respuesta.

De propiedad municipal es el Hogar de Ceares, un edificio de los años cincuenta del pasado siglo que lleva la firma del popular arquitecto Miguel Díaz Negrete. En manos del Consistorio tras un acuerdo con el Principado hace más de una década, su estado es calamitoso por la inacción y a pesar de que los vecinos del barrio reclaman insistentemente su rehabilitación para usarlo como centro social. El actual gobierno local ha avanzado que tiene un plan para su recuperación, con el derribo exclusivamente del salón de actos y de la bolera. Pero nada se conoce de los detalles ni mucho menos de los plazos. También es víctima de la dejadez del Ayuntamiento la Torre del Reloj, reconstruida a principios de los años noventa para disfrute público. Con su mirador cerrado desde hace tiempo, en su interior tan solo alberga el Archivo Municipal, con pésimos accesos. Y por fuera, su fachada ofrece un aspecto lastimoso. Más preocupante es el vacío del edificio del Monte de Piedad, pagado con fondos locales y gestionado durante décadas por la extinta Caja de Ahorros. Las razones por las que el Ayuntamiento no pide su recuperación son una incógnita.

El Principado tampoco se queda corto en desconsideración hacia su propio patrimonio. Ejemplo mayúsculo es el antiguo Palacio de Justicia, cerrado a cal y canto hace casi diez años y que ha intentado vender vía subasta en cuatro ocasiones, sin ningún éxito. Un lugar que bien podría albergar un lugar de encuentro para los vecinos del Centro y Laviada, únicos barrios sin este tipo de infraestructura, o alojar el centro de mayores recién clausurado en el centro comercial San Agustín. Idéntico olvido sufre una parte importante de la Universidad Laboral (como la residencia o la Casa de las Maquetas), así como la Torre de Gonzalo Menéndez–Valdés, del Ministerio de Transportes y aislada en un montículo de Roces junto a la ronda. Por no entrar a fondo en el escaso uso del conjunto formado por el Palacio Revillagigedo y la colegiata San Juan Bautista, responsabilidad de la Fundación Cajastur y en un limbo tras las fusiones bancarias.

Ante este cúmulo de despropósitos, debe ser el Ayuntamiento el que tome la iniciativa por dos vías: actuando en los inmuebles de su competencia e instando al Principado y al Estado a hacer lo mismo en los suyos. Que todo siga igual sería una inadmisible afrenta a los gijoneses.