El plan de vías de Gijón dio esta semana su enésimo giro con el descarte del proyecto para construir la estación intermodal mediante una reforma y ampliación de la provisional de Sanz Crespo, levantada hace más de una década. El fuerte rechazo que esta opción apadrinada por el Ministerio de Transportes y el administrador Adif había levantado en todos los sectores de la ciudad, casi sin excepción, ha sido suficiente para enterrarla definitivamente en apenas dos meses y medio. A esta decisión contribuyó de manera determinante también la postura tanto del Ayuntamiento como del Principado, que repudiaron enérgicamente semejante alternativa después de haber adoptado inicialmente una actitud poco combativa, con un tono entre balbuceante y cínico, tratando de hacer pedagogía a sabiendas de que esta ocurrencia era manifiestamente insuficiente por varios motivos, especialmente por dos: no cerraba la cicatriz ferroviaria y no recogía un diseño preciso y presentable de la terminal de autobuses, condición irrenunciable. Que los gobiernos local y regional se hayan posicionado junto al sentir de los ciudadanos es motivo de alegría. Y de orgullo, que los gijoneses hayan logrado en tan poco tiempo doblegar un ataque a su dignidad de esta magnitud.

Pero la feliz caída en desgracia de la opción de Sanz Crespo no debe invitar a ninguna celebración sino a perseverar en la exigencia de que la mayor ciudad de Asturias cuente con unas infraestructuras dignas que la sitúen al nivel de cualquier población europea de tamaño medio iniciada la tercera década del siglo XXI. Pasado este trance, la alternativa de las tres administraciones con representación en la sociedad Gijón al Norte, encargada del desarrollo del plan de vías, es construir la estación intermodal en Moreda, apartada definitivamente la ubicación del Museo del Ferrocarril que recoge el convenio vigente. Por lo tanto, la infraestructura regresa a una localización contemplada en anteriores pactos (siempre a instancias de administraciones socialistas), e incluso el proyecto se basará en estudios antiguos, aunque con reajustes para procurar un abaratamiento.

Con estos datos, es complicado por el momento emitir un juicio certero sobre la infraestructura, aunque no hace falta mucho conocimiento para advertir que mejorará el plan de Sanz Crespo, calificado incluso por algunos como un mero señuelo. Llegados a este punto, toca exigir una agilización al máximo de los plazos para la elaboración de un nuevo convenio (la propia alcaldesa, Ana González, reconoció hace dos días que sería un “fracaso” acabar el mandato sin él) y convertir la confrontación política en diálogo. Unas conversaciones que en la ciudad deberá liderar el PSOE para tratar de garantizarse el suficiente apoyo político en el Pleno municipal, órgano en el que están representados todos los gijoneses. Y al que, debates jurídicos aparte, corresponde un pronunciamiento sobre esta cuestión, por su enorme trascendencia. Sin género de dudas.