La permuta de terrenos que ha ofrecido el Ayuntamiento al Principado para salir del atolladero de la ITV de Granda solventaría de un plumazo la polémica vecinal y política que ha generado la errática operación protagonizada por la sociedad autonómica Itvasa, pero ofrece dos dudas a tener en cuenta. La primera es de tipo jurídico, porque este tipo de operaciones deben hacerse sobre límites diferenciales de precios y no está claro que la opción municipal de Lloreda compense el valor de la finca ya adquirida por 900.000 euros, con nave incluida. Y la segunda es de naturaleza política, porque el gobierno local debería explicar qué piensa hacer con la parcela intercambiada, es decir, en qué salen ganando los gijoneses. Cada día que pasa queda más claro que esta actuación es una chapuza.
