Hace más de un año que escribí sobre la presión de la municipalidad a la hora de cobrar el impuesto conocido como plusvalía. Su deber como administración es fiscalizar lo que se ajuste a la ley, nadie lo pone en cuestión, a todos beneficia de alguna manera. Pero ¿qué ocurre si viene cuestionado por sucesivas sentencias judiciales y el sentir general de la población?
El dinero nunca sobra a ningún lado de la trinchera, pero la diferencia entre una economía familiar y la de un consistorio difiere notablemente. La capacidad de respuesta y defensa tampoco se parecen en nada. La sensación que tiene el ciudadano es demoledora. A nadie se le escapa que reclamar ante la institución es como pedir a quien te quiere cobrar que te perdone la deuda, es decir, que, siendo juez y parte, la venda que porta la justicia del Ayuntamiento no es venda, más bien es parche. El ciudadano ve más, pues reclama con los dos ojos bien abiertos por si las moscas.
En aquella columna que titulé ‘Un postre indigesto’ relaté mis peripecias con la burocracia tras la venta forzosa de una vivienda. La repuesta oficial fue silencio administrativo y posterior bloqueo de la cuenta bancaria por los Servicios Tributarios del Principado. La alternativa, demandar e ir a juicio. Veamos. Sobre la finca cinco plantas. El segundo el mío. Sin haber obtenido beneficio alguno en la venta y mucho menos por la subida de valor del suelo que marca el mercado decido oponerme a tal despropósito. Para hacer el cálculo, el Ayuntamiento recurre al valor catastral, que refleja el precio del suelo y de la vivienda. El impuesto solo grava el suelo.
Ahora vienen las buenas noticias. Una reciente sentencia, favorable a otra reclamación similar, produjo el allanamiento del consistorio reconociendo el valor de los hechos presentados. Han pasado dos años. ¿Se puede extraer la conclusión de que quien utiliza el silencio administrativo como respuesta solo escucha los mensajes de la jurisprudencia en su contra? Lanzo el testigo recordando el recurso presentado, lleno de alegaciones claras y contrastadas, o la tensa comunicación con el departamento técnico al que tuve que suplicar el número de teléfono del Tribunal Económico que nunca se descolgó. Sería justo cambiar el silencio por la comunicación. En la era digital por el camino de la transparencia ¿no era así? Y no forzar al ciudadano a tener que litigar cuando intenta salvaguardar sus intereses ante una ejecución impositiva inconsistente.
¿No creen que sale más caro para todos?
