El pasado 13 de junio, se celebró en Madrid una concentración ciudadana para censurar la actual gestión del Gobierno central, pudiendo ser calificada de insolvente e insolente por la mayoría de los 126.000 asistentes al acto (cifra facilitada por la Policía Municipal, sin contabilizar quienes no accedieron a la plaza de Colón por las normas de seguridad del covid-19). El acto lo convocó “Unión 78”, plataforma cívica liderada por Rosa Diez (antigua militante socialista), acudiendo políticos del PP, Vox y Ciudadanos; aunque el verdadero protagonismo del día fue para la ciudadanía. Semejante noticia requiere una serie de puntualizaciones:
En primer lugar, la gestión del Gobierno puede considerarse insolvente porque afronta los problemas sanitarios y económicos (mayormente debidos al covid-19) con lentitud y contradictorias improvisaciones o incumplimientos (como la rectificación sobre las franjas de edad en la campaña de vacunación del covid-19 y tipo de vacuna asignada). De hecho, la actitud de la Ministra de Sanidad respecto la pauta de “vacunación mixta” (AstraZéneca/Pfizer) puede deberse más a determinados imperativos logísticos (menor disponibilidad de AstraZéneca respecto Pfizer) que al resultado del ensayo clínico del Instituto Carlos III, de corta duración y limitado valor científico. Además, otro estudio de la Universidad de Oxford publicado en la revista médica “The Lancet” (12-5-2021) detectó más efectos indeseados (leves-moderados) en personas con vacunación mixta, convirtiéndola en un “acto de fe” frecuentemente rechazado por la ciudadanía.
Consiguientemente, pregunto: ¿Por qué se prima la compra de vacunas más caras, que precisan dos o tres dosis (Pfizer) sobre la vacuna “monodosis” (Janssen)? Quizás sea por temas políticos o presiones de las multinacionales farmacéuticas, ávidas de su cuota de mercado. Idóneamente, lo razonable hubiera sido establecer una libre venta de vacunas (existente en EE UU) para complementar la vacunación estatal gratuita.
En segundo lugar, la gestión del Gobierno podría calificarse de insolente dado que su decisión de indultar a los secesionistas catalanes (condenados por el “procés”) hiere la sensibilidad de muchos españoles; aunque, con ello, se pretenda recuperar un clima de concordia en Cataluña. Naturalmente, el Gobierno tiene atribuciones para indultar, pero no puede ignorar al “catalanismo constitucionalista” ni tampoco la inequívoca sentencia del Tribunal Supremo al respecto. Consiguientemente, para evitar judicializar un problema político (como pretenden los independentistas), el Parlamento debería modificar la Ley que, actualmente, desencadena el precedente de indultar a quienes amenazan con reincidir a vulnerarla. ¿Existirían vías jurídicas unánimemente consensuadas para lograrlo? Ese es otro problema.
En definitiva, la pérdida de credibilidad ciudadana por la trayectoria del Gobierno central justifica la jornada del 13-J y merece una profunda reflexión de nuestros dirigentes políticos sobre la permanencia en su cargo: ¿Se darán por aludidos?
