Ha querido la casualidad que apenas cuatro días después de que los siete grupos del Ayuntamiento de Gijón pactaran una norma que incluye la regulación del cambio de nombres de los espacios públicos, varios operarios municipales iniciaran la retirada de las placas de la avenida de Juan Carlos I para su reemplazo por las de avenida de José Manuel Palacio, de acuerdo a la última novedad introducida en el callejero, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA hace meses y que levantó una intensa polvareda política y social. El consenso alcanzado en comisión por todos los partidos de la Corporación, que aún no es definitivo porque podría verse matizado o incluso roto en el Pleno, implica un importante paso para pacificar un asunto que acumula décadas de desencuentros y que, pese a lo que pudiera parecer a primera vista, no es menor, porque afecta al reparto de glorias de la ciudad y porque puede ser fuente de trastorno para los vecinos y comerciantes que se vean afectados por las modificaciones, a veces motivadas por caprichos o por mera ideología.

El reglamento de Organización del Ayuntamiento, como se conoce al documento que recoge la regulación del nombre de las calles, es en realidad un cajón de sastre que trata de poner orden en temas variopintos, como la limitación de las medallas de plata de la ciudad o la composición de la Junta de Gobierno, y que no estaban hasta ahora sujetos a criterios relativamente objetivos o con cierto componente técnico. El apartado de la denominación de los espacios públicos, el que más incidencia tiene para el debate público, recoge tres cuestiones fundamentales: la elección de los nombres deberá cumplir con la legislación vigente, será respetuosa con los derechos humanos y la dignidad de las personas y priorizará a mujeres, fallecidos y personajes que tengan una vinculación con Gijón. Todos estos requisitos se presentan a priori como razonables y tendrían que ser más que suficientes para evitar en adelante agotadores debates, sin olvidar que la última palabra seguirá correspondiendo al gobierno local de turno.

Con esta regla, lo que se pretende es erradicar de una vez por todas la arbitrariedad y el mal uso de esta potestad. Y, sobre todo, no someter a determinadas personalidades a un innecesario escrutinio sobre su vida y obra por el mero hecho de haber sido propuestas para bautizar un espacio. Dignificar el procedimiento de esta selección es una tarea pendiente desde los primeros años ochenta. Urge acabar de una vez por todas con esta carencia.