Lo que viene a decir el informe de la secretaria municipal que niega cualquier capacidad de ejecución al Foro de la Movilidad, limitándolo a un mero marco deliberativo, es una obviedad porque este órgano carece de encaje jurídico tanto en las normas generales que rigen la gestión municipal como en las que han emanado del propio Ayuntamiento de Gijón. Es decir, que las decisiones que salen de esa mesa donde están representados decenas de colectivos de todo tipo y condición tienen la fuerza que le quiera conceder el gobierno local de turno, de cero a infinito. Y ahí está precisamente el quid de la cuestión. ¿Qué protagonismo está dispuesto el equipo de Ana González a cederle al tomar las decisiones sobre la circulación por la ciudad? El silencio no debería ser la respuesta porque todas las partes necesitan saber a qué atenerse.
