A la espera de que el Ministerio de Hacienda se saque de la chistera una nueva fórmula de cálculo para el cobro de las plusvalías, en lo que se aventura como un memorable ejercicio de malabarismo jurídico, Gijón se encuentra en la difícil encrucijada de su segunda prórroga presupuestaria consecutiva. Un desastre en términos económicos y políticos para cualquier administración que se precie porque, a pesar de las constantes modificaciones aplicables a lo largo del ejercicio, implica avanzar con un corsé antiguo. Y que podría ir a peor dentro de un año, cuando el gobierno local tendrá serias dificultades para encontrar un socio dispuesto a aprobar unas cuentas a la puerta de unas elecciones. Lo deseable sería que los técnicos municipales del área económica no hayan tirado la toalla y estén devanándose los sesos para presentar una alternativa, incluso en el peor de los escenarios. La ciudad se juega mucho.
